Gobierno consulta al TCP sobre la ley del uso de dióxido de cloro y de censura a ministros

Gobierno consulta al TCP sobre la ley del uso de dióxido de cloro y de censura a ministros

El Gobierno nacional presentó el miércoles ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dos consultas previas de constitucionalidad a dos proyectos de ley, el que censura a ministros y fue aprobado por Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el que regula el uso del dióxido de cloro para tratar enfermedades como el coronavirus, informó el Viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.

"Hemos venido a remitir dos consultas previas de constitucionalidad a dos proyectos de ley para que el TCP pueda confrontar sus textos con la Constitución Política del Estado, como es el caso del proyecto de Ley que regula la censura a ministros aprobada por Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el otro que regula la comercialización del dióxido de cloro en el tratamiento para enfermedades como el COVID-19", informó a los periodistas en la ciudad de Sucre.

Explicó que la ley de censura aprobada en la ALP busca "callar la boca a los ministros" y otorgarles una sanción de tres años sin derecho a trabajar en la función pública.

Aclaró que la interpelación y la censura a ministros ya están reguladas en el Reglamento de las Cámaras de Diputados y Senadores y que ese proyecto de Ley es innecesario porque tiene una normativa vigente.

"Deploramos estas actitudes por parte de la Asamblea legislativa Plurinacional porque esta es una ley absolutamente política", subrayó.

Sobre el proyecto de ley de comercialización del dióxido de cloro, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud aún no tienen el reporte de una certificación científica para su uso médico.

"Al no estar reconocido ni a nivel nacional, ni internacional como un medicamento, sino como un mineral, no podemos ser irresponsables para promulgar una ley que no tenga la certificación científica para la cura del COVID-19", advirtió.

Finalmente dijo que espera que a raíz de la flexibilización que se dio en Sucre, el TCP pueda retomar sus funciones y cumplir los plazos establecidos por norma para atender las diferentes acciones presentadas ante ese alto tribunal.

Fuente: ABI

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