Pericia de la Universidad de Salamanca para cerrar el caso fraude costó Bs 216 mil

Pericia de la Universidad de Salamanca para cerrar el caso fraude costó Bs 216 mil

El trabajo de peritaje informático solicitado al Grupo de Investigación Bisite Deep Tech Lab de la Fundación de la Universidad de Salamanca en España, con el que el Ministerio Público está cerrando el “caso de fraude electoral 2019”, ha costado 216.193,05 bolivianos, informó este domingo el secretario general de la Fiscalía del Estado, Edwin Quispe.

Explicó que el análisis de la integridad electoral es "prácticamente significativo" porque la Universidad de Salamanca ha señalado que se trata de una Fundación sin ánimo de lucro, además que nadie está obligado a prestar servicios de forma gratuita, y que la Fiscalía, constitucionalmente, está obligado a cancelar cualquier tipo de servicios y, obviamente, al ser tan especializado no podía dejar de honrar con "esa mínima demostración en reconocimiento al trabajo que estaban realizando".

Quispe defendió la legalidad del estudio de esta Fundación frente al informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) porque no tiene la firma de ningún responsable, no dice que hubo fraude o que se hayan alterado datos oficiales porque su base principal es el TREP, que es una especie de recuento de puntos de salida.

Sostuvo que el peritaje de la Universidad española dice que no hubo alteración de los datos, por lo que se ha garantizado la exhaustividad de la base de datos en relación al cómputo.

Indicó que la labor de investigación que se realizó da certeza al Ministerio Público para emitir una solicitud de sobreseimiento concluyente que fue notificada a las partes que tienen derecho a oponerse ante la autoridad competente, quien emitirá su fallo y confirmará el resultado se archivará el caso, como anticipó al canal estatal.

Sin embargo, observó que, a un año y siete meses antes de las elecciones de 2019, no ha visto que ninguna de las partes se haya molestado en aportar elementos para ayudar a la investigación.

Para la Procuraduría General de la República, tampoco se confirma el carácter vinculante del informe de la OEA porque lo único vinculante para todos los bolivianos es todo lo que surja por ley o por medio de un reglamento emitido por una autoridad competente y los acuerdos entre políticos son acuerdos de buena fe.

Fuente: Erbol

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