AJAM plantea regularizar trámites mineros: “en otros países tardan 30 minutos, en Bolivia 10, 15 años"
El director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), Jaime Sanabria, propuso la adopción de medidas administrativas para regularizar los trámites de derechos mineros, como una forma de reducir la actividad minera ilegal.
El funcionario señaló que más del 80% de la actividad minera en el país es ilegal y atribuyó esta situación a la demora en los trámites, que fue establecida por el "modelo político" de los 20 años anteriores.
“Esos trámites para obtener derechos mineros u obtener una licencia ambiental para hacer minería legal demoran 10 años, 15 años”, dijo Sanabria.
Consideró que estos plazos han obligado a una parte de los operadores mineros a realizar sus actividades al margen de la ley.
El director de AJAM comparó la situación con otros países y afirmó que en algunos casos la obtención de un área minera se puede lograr en alrededor de 30 minutos.
"Es realmente una locura cuando estos trámites en países vecinos o en otros países, como Canadá, demoran 30 minutos para obtener un área minera. Imagínese 10, 15 años en Bolivia", dijo.
Sanabria señaló que la solución al problema no pasa sólo por la interdicción o medidas represivas, sino también por la regularización de derechos y procedimientos administrativos que permitan a los operadores ingresar a la formalidad.
“Se deben adoptar medidas administrativas para regularizar todos estos derechos, normalizarlos y que todas estas personas entren a la formalidad”, afirmó.
Explicó que el fenómeno de la minería ilegal no se limita a la extracción de oro en el norte de La Paz y los ríos Amazonas, sino que también incluye a la minería tradicional, principalmente en Potosí, aunque se identificaron actividades ilegales en Chuquisaca, Tarija y Oruro.
Sanabria indicó que durante las intervenciones se encontraron explotaciones mineras de gran escala que no corresponden a actividades de pequeña escala o artesanales, con maquinaria, instalaciones, campamentos y equipos modernos cuya inversión, en algunos casos, superaría los cinco millones de dólares.
“La minería ilegal está muy bien organizada, muy bien estructurada y además goza de la protección de la propia sociedad”, afirmó.
El director de la AJAM agregó que en distintos casos se identificó complicidad, encubrimiento o participación de las comunidades en estas actividades, a cambio de un porcentaje.
En su opinión, esta situación genera daños al país y requiere una respuesta integral, particularmente ante la necesidad de generar recursos económicos. “La minería puede resolver estos problemas, pero tenemos que afrontarlos con seriedad y decisión”, afirmó.
Fuente: Erbol
