Arturo Murillo no tiene ni para costear las fotocopias de sus procesos, informa su abogado

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, recientemente extraditado de Estados Unidos a Bolivia, enfrenta múltiples procesos judiciales y cinco prisiones preventivas, pero también adolece de falta de recursos económicos para cubrir los costos de las fotocopias necesarias para apelar sus casos, informó su abogado Jaime Tapia.

El jurista explicó que la situación procesal de Murillo está prácticamente paralizada porque no puede pagar las costas asociadas a la tramitación de los recursos.

"Don Arturo Murillo no tendrá derecho a segunda instancia hasta que no pague con sus propios recursos los testimonios y las copias, las fotocopias que se deben hacer de estos expedientes. Hay toneladas de hojas que hay que fotocopiar para enviar a los juzgados", declaró.

Según indicó, cada uno de los procesos abiertos contra el exministro cuenta con expedientes que superan los 20 cadáveres, lo que implica un gasto estimado de al menos 500 bolivianos por caso sólo en fotocopias.

"Arturo Murillo no tiene los medios para pagarlos (los 500 bolivianos por caso). Entonces ojalá tenga los recursos para sustentarse en el día a día, pero es imposible que todavía pueda asumir el costo de fotocopiar todos estos expedientes y buscar una apelación", dijo.

Tapia lamentó que, si bien el Ministerio de Justicia ha asignado una defensa estatal, ésta no ha sido efectiva para garantizar el derecho de apelación de Murillo.

“Estos llamamientos, aparentemente, van a estar ahí indefinidamente, mientras al menos este gobierno quiera”, afirmó.

Tapia también reveló que Murillo se encuentra en una situación económica crítica: sin empleo, sin vivienda y sin bienes a su nombre, luego de que se registraran sus bienes.

"Está en prisión preventiva porque no tiene dónde vivir. No tiene trabajo y no tiene recursos, ni siquiera para estos gastos procesales", afirmó.

Respecto a su propio trabajo, Tapia admitió que el patrocinio legal es limitado por estas mismas razones, e insistió en que el Estado debe cubrir los costos procesales ya que es la parte quien los está generando.

El exministro se encuentra en la cárcel de San Pedro, mientras se desarrollan sus juicios.

Fuente: Erbol | Seguridad