Consejo de la Magistratura aprueba procesos contra exregistradores de Derechos Reales
Una investigación interna del Consejo de la Judicatura de Bolivia concluyó con la aprobación del Informe Final N° 01/2026, documento que identifica presuntas irregularidades en la modificación de la superficie de un inmueble registrado en las oficinas de Derechos Reales de Patacamaya y Sica Sica, y recomienda iniciar procesos disciplinarios y penales contra exfuncionarios del sistema registral.
El informe, aprobado por CITE UNTR/CM N° 009/2025, tuvo origen en la denuncia presentada por Macario Ingali Apaza, abogado de Eva Villan Cabrera. Según la denuncia, un lote contiguo habría registrado un aumento irregular de superficie, pasando de 125 a 250 metros cuadrados, lo que generó una supuesta superposición con un derecho de propiedad previamente registrado.
La investigación de la Unidad Nacional de Transparencia estableció observaciones en los asientos A-4 y A-5 del Registro N° 2.08.1.01.0004019, donde -según el informe- no se habrían cumplido los requisitos técnicos o legales establecidos en la normativa vigente, lo que podría afectar la seguridad jurídica del registro de bienes raíces.
El documento identifica indicios de responsabilidad administrativa y penal en cuatro exfuncionarios.
Entre ellos se encuentra Jorge Ever Maquera Patzi, ex registrador de Derechos Reales de Sica Sica, quien está siendo observado por incumplimiento de procedimientos, presunta modificación de registros informáticos y omisión en el cobro de derechos, además de posibles delitos como manipulación de datos informáticos y falsedad ideológica.
También está Leonor Vera Condori, ex subsecretaria de Derechos Reales de Sica Sica, acusada de expedir o legalizar documentos que presuntamente falseaban la verdad y de no verificar requisitos obligatorios del procedimiento. En el ámbito penal se menciona presunta falsedad ideológica al haber validado la modificación de la superficie sin suficiente sustento técnico o jurídico.
El informe también señala a Diego Alcidez Tarquino Rengel, ex registrador de Derechos Reales de Patacamaya, por la modificación de registros informáticos que habrían aumentado la superficie del inmueble de 125 a 225 metros cuadrados, además de supuesta omisión de aranceles y falta de documentación acreditativa.
Finalmente, se menciona a Hugo Santos Quelca Quelca, ex subsecretario de Derechos Reales de Patacamaya, quien habría legalizado trámites sin verificar la documentación obligatoria y no emitió un informe requerido por el organismo de Transparencia, lo que también podría constituir falsedad ideológica.
Acciones recomendadas
Con base en estas conclusiones, el Consejo de la Judicatura ordenó varias medidas, entre ellas:
Enviar los registros a la Dirección Nacional de Control e Inspección para una auditoría legal.
Iniciar procesos administrativos sumarios contra los involucrados.
Presentar denuncia ante el Ministerio Público.
Enviar el informe a la Unidad de Transparencia del Distrito de La Paz.
El documento fue elaborado y firmado por la abogada Sonia G. Villavicencio Velasco, profesional de la Unidad Nacional de Transparencia del Consejo de la Judicatura.
La postura del delegado
Consultado por Red ONU, el delegado del Consejo de la Judicatura en La Paz, Marco Antonio Cárdenas, indicó que mientras no exista sentencia ejecutoriada, los imputados siguen calificados, evitando confirmar si se activarán de inmediato los procesos disciplinarios o penales recomendados en el informe.
Cárdenas tampoco precisó si la institución iniciará ambas acciones o si se apegará al proceso penal ya iniciado en Sica Sica contra la exsubsecretaria Leonor Vera Condori, quien también enfrenta un segundo caso por presunta falsedad ideológica.
El Consejo de la Judicatura reiteró, a través del documento, su compromiso con la transparencia institucional, el control disciplinario y la protección de la seguridad jurídica dentro del sistema registral del país.
Fuente: Erbol | Seguridad
