Consejo de la Magistratura dispone la revisión de sentencias penales
El Consejo de Magistratura informó que se ha organizado la revisión extraordinaria de las sentencias ejecutadas en asuntos penales, como una medida para buscar posibles violaciones de los derechos fundamentales y garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.
La información fue difundida por una declaración el lunes, en la que se recuerda que desde el 9 de julio de este año, los jueces de ejecución penal de todo el país deben preparar informes detallados sobre los casos que, identificados durante las visitas a la prisión, merecen la aplicación de esta cifra legal.
Señala que la revisión extraordinaria de la sentencia procede excepcionalmente en estos escenarios: violación de los derechos fundamentales, desproporcionalidad en la sentencia impuesta, apariencia de nuevas pruebas o irregularidades procesales en la evaluación de la evidencia.
El Consejo comentó que la medida se aplicará sin ninguna discriminación por el tipo de delito o la condición de los privados de la libertad, especialmente priorizar a aquellos que no tenían acceso oportuno y adecuado a la defensa.
"Con este instructivo se busca que la justicia boliviana sea consistente con la dignidad de las personas y respeta plenamente los derechos de ciudadanía", dice la declaración oficial.
Los jueces deben enviar informes que incluyan los datos completos de los privados de la libertad, los fundamentos de la posible revisión y observaciones adicionales, con el objetivo de fortalecer un sistema judicial más moderno, eficiente y confiable.
La declaración surge cuando ha surgido una controversia en el país mediante una instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Esta razón por la que otros privados de la libertad de protesta en la demanda de igualdad de condiciones.
Dentro de ese marco, el consejo anunció un conjunto de medidas destinadas a combatir el retraso de la justicia: control a los tribunales departamentales, las auditorías judiciales y el censo técnico nacional, a través de los cuales se eleva un registro para identificar cuántas personas permanecen en detención preventiva durante más de tres años.
Fuente: Erbol | Seguridad
