Consejo de la Magistratura se niega a perder DDRR y se abre al debate sobre la ley de la transferencia
La Sala Plena del Consejo de la Judicatura expresó su rechazo al Proyecto de Ley N° 294/2025-2026, que propone transferir el Registro de Derechos Reales (DDRR) al Poder Ejecutivo, y advirtió que esta medida podría afectar la seguridad jurídica de la propiedad en el país. Sin embargo, la institución manifestó su apertura a un debate técnico, constitucional e interinstitucional para analizar los alcances de la propuesta.
El proyecto, impulsado por la representante del PDC, Claudia Bilbao, surge como respuesta a múltiples denuncias ciudadanas sobre deficiencias en la atención e irregularidades cometidas por funcionarios del registro civil, como ocurre en la ciudad de El Alto, donde la registradora interina Leonor Vera Condori enfrenta procesos penales y disciplinarios sin avances significativos. La legisladora sostiene que la iniciativa busca reformar una estructura cuestionada por su burocracia, falta de transparencia y demoras en los trámites, aspectos que -según señala- perjudican directamente a los usuarios.
El Consejo de la Judicatura, sin embargo, advierte de que transferir DDRR al Órgano Ejecutivo implicaría someter el registro de la propiedad a una estructura política, lo que podría debilitar la confianza en el sistema y abrir riesgos de injerencia en un ámbito sensible vinculado a los derechos fundamentales.
La institución sostiene que el Registro de Derechos Reales juega un papel esencial en la garantía de la propiedad privada, al brindar seguridad jurídica, publicidad y estabilidad a las relaciones económicas. En ese marco, defiende que su permanencia bajo el Poder Judicial responde a la necesidad de preservar su independencia e imparcialidad.
Entre sus principales observaciones, el Consejo advierte que el proyecto podría contradecir principios constitucionales como la separación de los órganos del Estado, al concentrar funciones en el Ejecutivo. Asimismo, advierte sobre posibles riesgos en el manejo de información sensible, considerando que la transferencia de bases de datos y archivos podría exponer datos patrimoniales sin suficientes garantías de protección.
Sin embargo, la entidad reconoce que el sistema actual enfrenta problemas estructurales, como la falta de modernización tecnológica, retrasos y limitaciones en la interoperabilidad con otras instituciones. En ese sentido, sugiere que la solución pasa por una reforma interna que incluya digitalización, mayor transparencia y profesionalización del personal, sin modificar la dependencia institucional de DDRR.
El debate queda así abierto entre dos visiones: una que propone cambios estructurales para corregir fallas en el sistema, y otra que advierte sobre los riesgos de alterar el equilibrio institucional en nombre de la reforma. En tanto, el Consejo de la Judicatura instó a la Asamblea Legislativa a impulsar un análisis amplio que incorpore a todos los actores involucrados antes de tomar una decisión final.
Fuente: Erbol
