Consejo insiste con registradora interina en DDRR de El Alto pese a procesos en su contra

La presunción de inocencia sigue siendo el argumento para que los funcionarios judiciales permanezcan en sus cargos, incluso ante múltiples denuncias. En ese marco, el Consejo de la Judicatura, con sede en Sucre, reeligió a Leonor Vera Condori para el reemplazo legal de Derechos Reales de El Alto, pese a que enfrenta procesos penales y disciplinarios que datan de varios años y que aún no han sido resueltos en las instancias correspondientes.
Vera, quien el 24 de marzo cumplió un año de gestión de manera interina en medio de cuestionamientos, formó parte de una terna junto a María Victoria Saa y Edwin Blanco para acceder al cargo. Sin embargo, el 10 de marzo denuncias difundidas en redes sociales por usuarios del sistema de registro generaron dudas en la Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que decidió devolver la terna para revisión en el Consejo de la Judicatura de La Paz.
Según antecedentes, Vera enfrenta un proceso por presuntos delitos de falsedad ideológica y manipulación informática, además de denuncias disciplinarias por faltas graves, leves y demora en la justicia. Sin embargo, el diputado Marco Cárdenas sostuvo que, mientras no exista sentencia ejecutoriada, el funcionario está legalmente autorizado para ejercer funciones públicas.
Lejos de esas denuncias, la Sala Plena del Consejo de la Judicatura, integrada por Carlos Spencer, Manuel Baptista y Gabriela Arauz, resolvió el 24 de marzo extender la interinidad de Vera hasta el 21 de junio de 2026, dejando de lado los reparos del TDJ de La Paz, aunque existían otras alternativas de nombramiento que podrían evitar cuestionamientos sobre la transparencia en el sistema registral.
La diputada del PDC, Claudia Bilbao, observó la semana pasada que algunos concejales habían distribuido discrecionalmente los departamentos para definir la designación de cargos administrativos menores. Lamentó que este tipo de prácticas y la calidad de los funcionarios afectan la credibilidad institucional, por lo que impulsa un proyecto de ley para transferir Derechos Reales del Poder Judicial al Poder Ejecutivo.
En este contexto, el Consejo de la Judicatura emitió recientemente un comunicado rechazando cualquier intento de transferir la administración de los Derechos Reales al Poder Ejecutivo, al considerar que tal medida violaría la independencia judicial y el marco constitucional vigente.
Derechos Reales debe ser la institución más cuestionada por tener permanentes denuncias de corrupción, irregularidades cometidas y hasta denuncias sobre el consumo de bebidas alcohólicas en sus propias oficinas por parte de funcionarios. A esto se suman las denuncias de manipulación del sistema de empadronamiento, situación que ha preocupado al diputado bilbaíno que abrió un inventario de denuncias ciudadanas en las oficinas de la Brigada Parlamentaria en La Paz.
Fuente: Erbol | Seguridad