Defensor presenta propuesta de reforma judicial con enfoque en derechos humanos
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó este martes la propuesta “Una Reforma Judicial con enfoque de Derechos Humanos”, un enfoque estructurado en tres pilares encaminados a fortalecer la independencia judicial, modernizar el sistema y garantizar el acceso efectivo a la justicia para toda la población.
"Hoy presentamos un nuevo desafío para la reforma judicial en nuestro país. Un sistema justo y transparente para todos", dijo Callisaya durante una conferencia de prensa, explicando que la iniciativa se basa en la independencia y transparencia judicial, reformas regulatorias urgentes y la modernización tecnológica, integrando también un enfoque de interculturalidad y diversidad.
Según detalló el Defensor del Pueblo, el primer pilar busca asegurar la independencia y transparencia del sistema a través de la meritocracia, una carrera judicial sólida y mecanismos claros para la selección de altas autoridades.
El segundo pilar propone reformas regulatorias urgentes, entre ellas la actualización de leyes obsoletas y la revisión de prácticas violatorias de derechos, como la Ley General del Trabajo -vigente desde 1942-, así como la creación de un Código Procesal Administrativo que regule con mayor claridad las acciones estatales.
El tercer pilar propone la incorporación de herramientas tecnológicas para agilizar procedimientos, reducir discrecionalidades y eliminar barreras en el acceso a la justicia, garantizando que la tecnología complemente y no reemplace el juicio humano.
Callisaya destacó que la reforma debe partir del reconocimiento del carácter plurinacional del Estado y la necesidad de respetar los diversos sistemas de vida, garantizando la participación de los pueblos indígenas en el diseño y aplicación de la transformación judicial, además del respeto a la justicia indígena, originaria campesina.
La propuesta responde, según explicaron, a las numerosas denuncias recibidas por la institución de defensa relacionadas con violaciones al debido proceso, discriminación y dificultades en el acceso a la justicia. También se enmarca en observaciones previas del GIEI, la CIDH y el relator especial Diego García-Sayán, quienes han alertado sobre la falta de independencia judicial, el abuso de la prisión preventiva, la politización del sistema, el precario presupuesto y la existencia de jueces de transición.
Fuente: Erbol | Seguridad
