Defensoría confirma retardación de justicia e inadecuado proceder de la Fiscalía y Policía en el caso de Nadia
El defensor del pueblo denunció el retraso de la justicia e irregularidades en la acción de la oficina del fiscal y la policía boliviana en la investigación de Nadia A.O, una joven periodista que denunció una violación el 20 de septiembre de 2024 y que, después de enfrentar múltiples obstáculos en el proceso, decidió quitarle la vida.
Según un comunicado de prensa de la institución publicada el domingo por la noche, el Defensor del Pueblo abrió una investigación de Officio el 3 de octubre de 2024 en el Sistema de Servicio de la Ciudad (SSP).
En ese caso, verificó que la víctima fue a la Unidad de Coordinación Regional de El Alto, donde identificó como agresor su ex trabajador Álvaro V. Después de recibir orientación legal, se sometió a una evaluación médica en el Hospital Del Norte el 4 de octubre. Ese mismo día, la fuerza especial para combatir la violencia (FELCV) fue informado para garantizar el debido proceso y la protección de la víctima de la víctima.
A pesar del acompañamiento de la oficina del defensor del pueblo, señala que la queja enfrentó obstáculos desde su inicio. En noviembre, cuando la víctima formalizó su declaración ante el FELCV, inicialmente fue rechazado. Dado el rechazo, el defensor del pueblo exigió el cumplimiento del debido proceso de acuerdo con la Ley 348 y el Código Penal. Sin embargo, la imputación formal contra el agresor, a cargo del fiscal Luis Alberto Boyán, acaba de emitir el 31 de diciembre de 2024, evidenciando la demora en las autoridades de las autoridades.
El defensor del pueblo lamentó que, a pesar de los esfuerzos realizados, el proceso se desarrolló en un contexto de retraso de la justicia, agravado por el acoso de los medios del agresor, denunciado públicamente por la hermana de la víctima. Esta situación habría afectado severamente la salud emocional de Nadia, lo que la llevó a tomar la trágica decisión de quitarse la vida.
La institución rechazó el proceso inadecuado de la oficina del fiscal y la policía boliviana, exigiendo una investigación rigurosa para sancionar a los funcionarios responsables de obstaculizar el cumplimiento del debido proceso. También instó al organismo judicial y a la policía a tomar medidas urgentes para evitar que las acciones negligentes revicien a los demandantes y violen sus derechos fundamentales.
Finalmente, el defensor del pueblo anunció que continuará monitoreando riguroso para el caso, emitiendo requisitos a los casos correspondientes para evitar retrasos futuros en la administración de justicia y garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres en Bolivia.
Fuente: Erbol | Seguridad
