Defensoría constata fuertes alzas en tarifas del transporte en cinco regiones
La Defensoría del Pueblo informó que, como parte del seguimiento y monitoreo permanente de la conflictividad social tras la implementación del Decreto Supremo N° 5503, se observó un aumento de entre el 50% y el 100% en las tarifas del transporte urbano, interprovincial e interdepartamental en al menos cinco regiones del país. El propósito de este trabajo es prevenir violaciones a los derechos humanos y contribuir a la preservación de la paz social a través de una presencia territorial activa y preventiva.
El seguimiento fue articulado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, a través de delegaciones defensorías departamentales y unidades regionales, con el despliegue de personal en mercados, terminales de autobuses, estaciones de servicio, centros de abasto y vías estratégicas.
Entre los principales hallazgos estuvo el importante aumento de tarifas en Oruro, Potosí, Tarija, La Paz y El Alto, además de una alta afluencia de personas en las estaciones de servicio y manifestaciones de preocupación ciudadana ante un posible aumento en el precio de la canasta familiar.
Según un comunicado de prensa oficial, el viernes hubo anuncios de estado de emergencia por parte del sector transporte y bloqueos temporales de carreteras en algunos puntos, los cuales fueron monitoreados directamente para identificar riesgos y prevenir enfrentamientos. En regiones fronterizas como Pisiga y Villazón también se evidenció el aumento de precios en servicios de alimentación y boletos, junto con una mayor demanda en ferias y centros de abasto, mientras que en Pando y Bermejo se observó el reajuste de tarifas de combustibles y manifestaciones de malestar social, sin registrarse protestas.
ABUSOS EN EL NORTE DE LA PAZ
Por otra parte, usuarios del servicio de transporte a la región Tropical de Larecaja denunciaron decisiones arbitrarias de los conductores del transporte público, quienes incrementaron el costo de los pasajes en casi un 40%. El billete en la ruta La Paz-Caranavi, que habitualmente tenía un precio de 60 bolivianos, se elevó a 90 bolivianos por persona.
Los usuarios también lamentaron la ausencia de inspectores de la Autoridad de Regulación y Supervisión de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) en la terminal de ómnibus de Minasa, en la ciudad de La Paz, así como en localidades intermedias como Caranavi y Guanay, donde -según denunciaron- la discrecionalidad en la fijación de tarifas por parte de los conductores se ha convertido en una práctica recurrente, así como la ineficacia de los alcaldes municipales.
Fuente: Erbol
