Defensoría del Pueblo urge al TSE sancionar actos de racismo durante el proceso electoral
Unos meses después de las elecciones generales de 2025, la Oficina del Defensor del Pueblo instó al Tribunal Electoral Supremo (TSE) a aplicar firmemente las sanciones establecidas en la Ley No. 045 contra el racismo y todas las formas de discriminación contra cualquier manifestación de intolerancia que ocurra durante la campaña electoral.
La institución le recordó a la TSE su responsabilidad de hacer cumplir las regulaciones de propaganda y campaña electoral, especialmente con respecto a los hechos discriminatorios. "La obligación de aplicarse a las sanciones correspondientes antes de que cualquier evento discriminatorio indicado en el Reglamento se recuerde al Tribunal Electoral Supremo", dice un pronunciamiento oficial.
La llamada surge de una manera coincidente a un evento que ocurrió en Beni, donde el concejal Arnoldo Méndez, en un acto de proselitismo en apoyo del candidato Jorge Tuto Quiroga, hizo expresiones discriminatorias contra las personas en el oeste del país. Aunque el partido Alianza Libre sin marcar sus declaraciones, aclarando que el concejal no es parte de su estructura, el hecho generó preocupación por el uso de discursos exclusivos en el contexto electoral.
En su declaración, la oficina del defensor del pueblo también instó a los partidos políticos, las candidaturas, los medios y las plataformas digitales a evitar la difusión de mensajes que violan la dignidad de las personas o refuerzan los estereotipos. Dentro del marco del Artículo 9 de la Ley No. 045, recordó que el comité para combatir el racismo debe promover las políticas públicas para la prevención y la erradicación de la discriminación.
La advertencia de la institución ocurrió en el marco de la conmemoración del Día Nacional contra el Racismo y todas las formas de discriminación, este 24 de mayo. En ese contexto, también anunció la presentación del "Observatorio Defensorial sobre Racismo y Discriminación", una herramienta destinada a monitorear los actos de intolerancia durante los próximos meses de actividad electoral.
Entre enero y mayo de este año, el defensor del pueblo registró 264 quejas por violaciones de los derechos relacionados con el racismo o la discriminación. Oruro encabezó la lista con 73 casos, seguido de la paz con 68 y Beni con 42.
Finalmente, la entidad convocó a las instituciones públicas, las organizaciones sociales y los actores de la sociedad civil para unirse a una acción colectiva que promueve una cultura de respeto, diálogo y pluralismo, principios fundamentales para la coexistencia democrática en el país.
Fuente: Erbol
