Defensoría: el Estado incumple con investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos de 2019
Al examinar los procesos judiciales que siguieron a los trágicos hechos de 2019, como los casos Senkata y Sacaba, la Defensoría del Pueblo concluyó que el Estado ha incumplido con su obligación de sancionar a los responsables y existe riesgo de impunidad.
“…el Estado boliviano incumple con su deber de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto postelectoral de 2019”, señala el informe difundido este miércoles a seis años de los hechos.
Según la Defensoría del Pueblo, con este incumplimiento el Estado boliviano puede ser sujeto de responsabilidad internacional, por violaciones a la Carta Americana de Derechos Humanos.
Como parte de los incumplimientos en los casos Senkata y Sacaba, el ente de defensa advierte que “hubo omisiones, demoras e inacciones institucionales que generan un riesgo de impunidad por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2019”.
Este año los procesos ordinarios por las muertes de Senkata y Sacaba fueron anulados, luego de que la Justicia estableciera que Jeanine Añez debía ser procesada en un juicio de responsabilidad y no en un proceso penal.
Entre otros casos surgidos de la crisis de 2019, la Defensoría del Pueblo observó que las muertes de Montero siguen impunes.
Asimismo, respecto de la quema de las viviendas de Waldo Albarracín Sánchez y Casimira Lema, se registró que el primer caso se encontraba en juicio oral, sin que hasta septiembre se hubiera emitido sentencia firme, mientras que se emitió una resolución rechazando el segundo.
Respecto a la quema de autobuses Puma Katari, el informe señala que el caso se encuentra en etapa preliminar, pero observó que es el proceso “con mayor retraso en el cumplimiento de los plazos procesales”.
Recomendaciones
La Defensoría del Pueblo recomendó iniciar un proceso disciplinario contra los fiscales de los casos Senkata y Sacaba, por presunto incumplimiento de sus deberes funcionales al no haber llevado efectivamente a cabo la dirección funcional de la investigación.
También recomendó iniciar procesos disciplinarios contra los jueces de los mismos casos, ante la falta de control jurisdiccional efectivo sobre los requisitos fiscales y violaciones al debido proceso.
Asimismo, sugirió al Fiscal General iniciar de inmediato las acciones necesarias para la presentación formal de la proposición acusatoria dentro del juicio de responsabilidades de Senkata y Sacaba, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
También hay recomendaciones a otras instancias del Estado, entre las que destaca la implementación de acciones de satisfacción simbólica y garantías de no repetición, incluyendo el inicio de la construcción de las Casas de la Memoria comprometidas; disculpas institucionales públicas a todas las víctimas sin excepción, así como la institucionalización del “Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.
Fuente: Erbol
