Defensoría ve ‘grave debilitamiento del enfoque restaurativo’ el proyecto que endurece penas contra adolescentes
El Defensor del Pueblo consideró como "debilitamiento serio del enfoque restaurador" la ley del Gobierno que tiene como objetivo endurecer las oraciones privadas contra los crímenes cometidos por los adolescentes contemplados en el Artículo 268 del Código de Niños, Niños y Adolescentes (CNNA).
En un pronunciamiento, la institución expresó su preocupación por la iniciativa legal ya que "contraviene el principio de los mejores intereses del niño, consagrado en el art. 60 de la constitución política del Estado y en el Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de representar un retroceso en los avances normativos del Sistema Criminal para Adolescentes (SPA) en Bolivia".
La propuesta propone expandir la privación de la libertad y de manera diferenciada por edad; Hasta 12 años para adolescentes de 14 a 16 años, y hasta 18 años para aquellos entre 16 y 18 años, en casos de delitos graves.
"En ese contexto, endurecer el régimen de sanción sin abordar estos factores estructurales implica un debilitamiento serio del enfoque restaurador que la justicia penal de los adolescentes debe gobernar. Este tipo de reformas tampoco sabe que la privación de la libertad debe ser excepcional, de corta duración y orientado a la reintegración social", dice el documento.
El defensor del pueblo consideró que el artículo 268 del CNNA establece un régimen de responsabilidad penal atenuada, priorizando las medidas socioeducativas sobre la privación de la libertad.
Incluso recordó que esta disposición se construyó en coherencia con estándares internacionales como las Reglas de Beijing y la Observación General No. 24 del Comité de Derechos del Niño, que insta a los estados a no adoptar medidas regresivas o aplicar sanciones (sugiero el término sanciones en lugar de la penalización) comparable a los del sistema penal adulto.
Entre los hallazgos del tercer informe del Observatorio Defensorial Judicial y Fiscal se evidencian que los adolescentes privados de la libertad enfrentan condiciones estructurales de abandono, violencia y exclusión, en contextos marcados por la pobreza, la desintegración familiar, las deficiencias en la salud mental, el acceso limitado a la educación y pocos espacios de protección social.
La Oficina del Defensor del Pueblo reiteró que cualquier reforma al sistema criminal para los adolescentes debe basarse en los derechos humanos y la promoción de procesos socioducacionales que favorecen la responsabilidad del hecho, la reparación del daño y la reintegración social, con operadores específicos y condiciones decentes.
En ese contexto, instó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a "no aprobar reformas que violen los principios constitucionales e internacionales o no conozcan el carácter especializado del spa".
Instó al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a "reorientar" su propuesta "priorizando las políticas de prevención, la justicia y la reintegración restauradora" y convocó la formación de una tabla técnica inter -institucional para evaluar el asunto a partir de un enfoque de derechos humanos. /// AGC
Fuente: Erbol | Seguridad
