Gobierno de Paz no desmantela estructura de poder del MAS al interior de la AJAM
AGENCIA DE NOTICIAS AMBIENTALES
Jimena Mercado
A más de cuatro meses de la asunción del Gobierno de Rodrigo Paz (PDC), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, conserva a una parte de su estructura de poder al interior de esta institución. Quienes formaron parte del personal de la gestión del Movimiento al Socialismo (MAS) de las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, permanecen en cargos decisivos, tanto a nivel nacional como departamental.
Durante las dos décadas del MAS en los Gobiernos, se evidenció la profundización del extractivismo en el país, junto con la expansión de la minería ilegal del oro en zonas no tradicionales e incluso vulnerando leyes de protección de territorios indígenas y áreas protegidas. En ese contexto uno de los sectores más favorecidos fue el de las cooperativas auríferas, aliadas entonces de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Excentos de impuestos y regulación estricta ambiental, las federaciones de cooperativas doblegaron las normas a la medida de sus demandas y ganaron protagonismo económico y político.
La Agencia de Noticias Ambientales (ANA) hizo una búsqueda de información en la propia página oficial de la AJAM (www.autoridadminera.gob.bo), Ministerio de Minería y Metalurgia, Contraloría General del Estado y otras páginas oficiales del sistema judicial del país. En esa línea se pudo ver que la abogada Scarley Valeriano, actual Directora Jurídica a nivel nacional, vinculada a la AJAM aproximadamente por diez años, desarrolló funciones como profesional dependiente directa de la Dirección Ejecutiva durante la gestión de Carlos Soruco y Erik Ariñez. De acuerdo con la revisión de fuentes abiertas y registros públicos, su trayectoria no se limita al ámbito técnico-jurídico: también incursionó en la arena política, figurando como candidata a asambleísta suplente por el Movimiento al Socialismo (MAS).
Scarley Marina Valeriano Barroso, directora jurídica nacional. Foto: AJAM
Actualmente en su condición de Directora Jurídica, su permanencia en un cargo estratégico dentro de la institución plantea interrogantes sobre los márgenes de independencia técnica en la administración pública frente a vínculos político-partidarios previos, un tema que recurrentemente alimenta el debate sobre transparencia y meritocracia en entidades clave del sector minero.
La más reciente declaración jurada que realizó Valeriano Barroso fue el 29 de agosto de 2025, fecha de su cumpleaños.
Cuadro de referencia: registro en el que se identifica a la jurista como candidata suplente del postulante Roger Gonzales Valverde, según documentación electoral de acceso público: https://www.scribd.com/document/419068935/Diputados-Mas#google_vignette
Del mismo modo, de acuerdo con información que consta en registros judiciales de acceso público, la mencionada profesional habría sido involucrada en procesos judiciales vinculados a presuntos hechos cometidos durante el ejercicio de funciones en YPFB. La verificación y el alcance de dichas causas dependen de la consulta directa de los expedientes y sistemas oficiales correspondientes, por lo que resulta imprescindible citar de manera expresa las fuentes documentales y el estado procesal de cada caso para una valoración objetiva.
Por otro lado, la abogada Sonia Cori, vinculada al sector minero desde 2016 hasta la fecha, desempeñó funciones de asesoría directa a distintos Directores Ejecutivos de la AJAM y, en periodos que constan en registros institucionales, también ejerció labores como profesional de análisis jurídico en el Ministerio de Minería y Metalurgia.
Sonia Cori Llando, analista legal de la Dirección Jurídica Nacional. Foto: AJAM
De acuerdo con documentación interna y copias de informes cuya autoría figura a su nombre, su participación habría derivado supuestamente en la emisión de criterios técnicos y legales que derivaron en la denegatoria de iniciativas orientadas al fortalecimiento institucional de la propia AJAM, según fuentes vinculadas a esta entidad.
Dichos antecedentes señalan que Cori Llanco brindó asesoría jurídica en procesos vinculados a la emisión de Certificados de Trámite y Cumplimiento Administrativo Minero (CETCAM) a favor de cooperativas mineras que no se adecuaron a la Ley 535 de minería y metalurgia, actuaciones que, según las observaciones contenidas en esos mismos documentos, habrían sido cuestionadas por presuntas inconsistencias en el marco establecido en la Ley Minera.
El CETCAM ha sido considerado por especialistas, como un mecanismo que prorrogó el estado de informalidad en operaciones que se declararon en «proceso de adecuación».
Lo anterior se sustenta, según la documentación revisada, en copia de informe en el que aparece como suscribiente, elemento que constituye una pieza para reconstruir la secuencia de decisiones y responsabilidades administrativas en el periodo analizado. Presentó su más reciente declaración jurada ante la Contraloría General del Estado (CGE), el 13 de febrero de 2026.
La jefa de la Unidad de Comunicación, Alba Esther Colque Acochiri también se mantiene en el cargo desde el Gobierno del MAS. Algunos antecedentes dan cuenta que ejerció presión sobre periodistas por su labor de investigación e intentó que se revelara la fuente sobre la lista de derechos mineros otorgados en el río Kaka que fueron develados en el reportaje: “Sociedades encubiertas: dragas chinas y 63 actores mineros devoran 43 mil has en la Amazonía en busca de oro”, vulnerando de ese modo el principio de la Ley de Imprenta, pero también en franca contradicción al Acuerdo de Escazú, al negar información oficial importante para cuantificar impactos ambientales en áreas de extracción aurífera.
Alba Esther Colque Acochiri, jefa de Comunicación. Foto: AJAM
Ante la visibilidad de sus acciones, Colque cambió su política de trato con los medios de comunicación y periodistas, mostrándose en el último tiempo más diligente y abierta a la colaboración en la otorgación de información.
Dentro del organigrama institucional la Unidad de Comunicación está dentro de la estructura de la Dirección Ejecutiva nacional, compartiendo rango con las unidades de Planificación, Auditoría Interna, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Su más reciente declaración jurada data de julio de 2025, durante el gobierno de Luis Arce.
Por su parte, Marcelo Dïaz Meave, jefe de Otorgación y Extinción de Derechos, funcionario que, durante el periodo de gobierno del Movimiento al Socialismo, ocupó cargos de nivel ejecutivo en la administración pública, entre ellos el de Gerente de Grandes Contribuyentes (GRACO) Santa Cruz del Servicio de Impuestos Nacionales. Posteriormente asumió funciones de Director Departamental de la AJAM en Santa Cruz, permaneciendo en la institución desde 2019 hasta la fecha.
Marcelo Díaz Meave, jefe de Otorgación y Extinción de Derechos
De acuerdo con antecedentes citados en denuncias sectoriales y documentación que circula en ámbitos técnicos y administrativos, su gestión ha sido cuestionada por decisiones relacionadas con la actividad minera en zonas consideradas áreas reservadas o sensibles para la conservación de la naturaleza y las funciones ecológicas, actuaciones que según dichos señalamientos no habrían generado mayores consecuencias administrativas o disciplinarias dentro de la institución. Hay notas periodísticas al respecto: https://www.tarija200.com/post/fallo-del-tcp-deja-en-la-indefension-a-las-areas-de-conservacion-protegidas
Su más reciente declaración jurada data del 8 de enero de 2026; es decir, en la presente gestión de Rodrigo Paz.
En el ámbito departamental, la abogada Felipa Moller ejerce funciones en la AJAM desde 2016, fue designada Jefa de la Unidad de Transparencia durante una gestión ministerial y posteriormente promovida a Directora Departamental en Oruro, manteniéndose en funciones hasta la actualidad, según registros institucionales.
Felipa Rosamary Moller Flores, directora Departamental de Oruro
Antecedentes difundidos en el sector y en denuncias públicas señalan que, a pesar de la proliferación de actividades de minería ilegal en el departamento de Oruro, no se habrían impulsado acciones eficaces de control administrativo y legal, situación que obligó a afectados y organizaciones a recurrir incluso a la justicia constitucional para frenar operaciones en zonas sensibles.
Un caso paradigmático fue la explotación ilegal en el entorno del Monumento de la Virgen del Socavón, documentado en reportes periodísticos, donde se evidenció la presión de actividades mineras en área urbana y la demora en la intervención estatal.
Estos hechos, respaldados en notas de prensa y actuaciones procesales citadas en denuncias, han alimentado cuestionamientos sobre la eficacia del control institucional y la responsabilidad de las autoridades llamadas a resguardar la legalidad minera en la región. https://erbol.com.bo/nacional/monumento-virgen-de-la-candelaria-en-zona-urbana-de-oruro-acechada-por-la-miner%C3%ADa-ilegal
La última declaración jurada presentada por Moller Flores fue el 15 de mayo de 2025.
También a nivel regional, el abogado Pablo Rodríguez, director Departamental de AJAM Cochabamba, con más de una década de vinculación con la entidad, cuenta en su trayectoria institucional, según antecedentes y registros administrativos estuvo marcada por un ascenso progresivo en distintos cargos, en un contexto en el que mantenía relaciones de trabajo cercanas con sucesivas Direcciones Ejecutivas.
Pablo Augusto Rodríguez Tórrez, director, dirección Departamental Cochabamba. Foto: AJAM
A la fecha, y desde el periodo de gobierno de Luis Arce, continúa ejerciendo funciones como Director Departamental de la AJAM en Cochabamba. Paralelamente, de acuerdo con información difundida en el sector y documentación citada en denuncias, el mencionado profesional presuntamente prestó asesoramiento a la empresa minera UNIDOSREKA S.R.L. sociedad que ha sido vinculada en distintos ámbitos a exautoridades y actores políticos.
Estos antecedentes, de confirmarse mediante la revisión de contratos, registros societarios y documentación administrativa correspondiente, plantean interrogantes sobre eventuales conflictos de interés y la necesidad de verificar el cumplimiento de las normas de incompatibilidad y ética pública aplicables a servidores del sector minero.
También se debe mencionar a José Ángel Orellana, abogado de profesión quien ocupa el cargo a Analista Legal dependiente de la Unidad de Análisis Legal y Procedimientos, fue designado tal cual consta en antecedentes administrativos y testimonios recogidos en el sector, como personal de confianza de la ex directora de la AJAM, Brenda Lafuente, quien renunció en medio de denuncias de autoritarismo, despidos injustificados y otras irregularidades. Orellana también figuró entre los colaboradores cercanos del entonces director Ejecutivo de la AJAM, Álvaro Antezana.
José Ángel Orellana Villalobos Unidad de Análisis Legal y Procedimientos. Foto: AJAM
Documentación, notas internas e informes a los que se hace referencia en distintas denuncias señalan que su actuación habría estado vinculada a la tramitación de recursos de revocatoria, procedimientos que posteriormente son conocidos en instancia jerárquica junto a otras autoridades, entre ellas Valeriano. Estas observaciones, que requieren ser contrastadas con los expedientes administrativos correspondientes, han sido citadas por distintos actores como indicios de posibles irregularidades en la gestión de dichos recursos.
Informe de indicios de responsabilidad.
Del mismo modo, conforme a informes y notas que circulan en ámbitos institucionales, se menciona la existencia de procesos sumarios administrativos que no habrían sido activados o concluidos en el propio Ministerio de Minería y Metalurgia, situación que, plantearía interrogantes sobre los mecanismos de control interno y el seguimiento disciplinario dentro del sector. Su más reciente declaración jurada data del 5 de noviembre de 2025.
Sin perfil profesional sectorial
El actual director de Catastro y Cuadriculado Minero, Rodrigo Vásquez Bozo, ingeniero petrolero de profesión, ejerció funciones al interior de la hoy cuestionada Empresa de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) en el cargo de Gerente de Comercialización, durante el gobierno de Luis Arce.
Rodrigo Eduardo Vásquez Bozo, director de Catastro y Cuadriculado Minero. Foto: AJAM
Conforme al documento Programación Operativa Anual Individual (POAI – 2025) que define el perfil y las funciones del Director de Catastro y Cuadriculado Minero no deja margen a interpretaciones, ya que el cargo como director de catastro está dirigido a un perfil de especialista en ciencias geoespaciales.
La propia naturaleza del puesto describe con claridad el tipo de capacidades requeridas. El Director es el responsable de dirigir y supervisar actividades altamente especializadas relacionadas con el catastro minero, el cuadriculado, la cartografía, los sistemas de información geográfica y la geodesia. Estas áreas constituyen el núcleo técnico que sostiene la seguridad jurídica de los derechos mineros, la delimitación precisa de concesiones y la administración de información territorial estratégica.
El documento es explícito al establecer que la formación académica requerida es un título en provisión nacional en geodesia o en ramas afines, señalando además como deseable la formación de posgrado en geomática o sistemas de información geográfica.
Frente a esta exigencia, la ingeniería petrolera pertenece a otro campo del conocimiento. Su formación se orienta a la exploración y explotación de hidrocarburos, la ingeniería de reservorios, la perforación y la producción. Aunque puede compartir con otras ingenierías ciertos fundamentos matemáticos y físicos, no forma especialistas en geodesia, ni en cartografía técnica, ni en sistemas de información geográfica aplicados al ordenamiento minero.
La experiencia internacional refuerza esta conclusión. En organismos de catastro minero de la región, los cargos equivalentes son ocupados por profesionales en geodesia, geomática, ingeniería geográfica o disciplinas directamente vinculadas al manejo de información geoespacial. La razón es que el catastro es una herramienta técnica de precisión, y su conducción requiere conocimientos especializados que no pueden improvisarse ni suplirse con experiencia administrativa general. Su más reciente declaración jurada data del 22 de diciembre de 2025.
Fuente: Erbol
