Gobierno ratifica que la cláusula de decomiso “es una norma necesaria” y lamenta politización del tema
El viceministro de Protección al Consumidor, Jorge Silva, afirmó que la cláusula de decomiso de productos de la canasta familiar que sean objeto de enriquecimiento y especulación es una “normativa necesaria” para el Gobierno, pues busca beneficiar a la población ante el alza de precios y el desabastecimiento de productos.
Señaló que se ha politizado innecesariamente el debate en torno a la disposición transitoria séptima del Presupuesto General del Estado 2025, pues el artículo pretende combatir una actividad ilícita que afecta el abastecimiento de productos.
Explicó que ese propósito requiere de una norma con un procedimiento y una reglamentación adecuada para evitar cualquier afectación al sector productivo formal.
“Hay una actividad ilícita que está dañando la economía de la población y hoy simplemente se está utilizando esta normativa con fines de protagonismo, porque estamos en un año electoral”, declaró en el programa Hagamos Democracia de la cadena Erbol.
Reiteró que el Gobierno no puede derogar ni abrogar la cláusula, pues esa facultad le corresponde a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, aseguró que los industriales saben que esta norma no los afecta, aunque, pese a la oferta del Gobierno de establecer “candados” para brindarles seguridad jurídica, no han respondido a la propuesta.
Agregó que la medida no aplica para comerciantes minoristas ni agremiados, y que esta situación será regulada en la normativa correspondiente, donde se definirá el procedimiento para el decomiso de productos y su destino final.
Por último, manifestó que estos empresarios son los que actualmente se declaran en contra del Gobierno y del modelo económico, a menos de siete meses de las elecciones, con la intención de ganar visibilidad y obtener beneficios. Según Silva, politizan el tema apelando a sensibilidades que pueden generar movilizaciones, como ocurre con el sector sindical, que tiene una gran capacidad de protesta cuando percibe que sus intereses están en riesgo.
Durante el Tercer Encuentro Multisectorial de la Cadena Productiva realizado en Chuquisaca el 30 de enero, diversos sectores económicos ratificaron su rechazo a la disposición adicional porque esta medida afectaría gravemente la libre circulación de productos y el funcionamiento de la cadena de abastecimiento en el país.
Como parte de las conclusiones, se acordó iniciar movilizaciones a nivel nacional el próximo 10 de febrero en protesta por la referida disposición. “Si no somos escuchados y no procedemos con la derogación, realizaremos un paro nacional movilizado de 24 horas el próximo 10 de febrero”, señala el punto cuatro de las conclusiones del encuentro.
Fuente: Erbol
