Juez de Colcha K rechaza acción popular de comunarios de Nor Lípez contra los contratos del litio sin entrar al análisis de fondo
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El juez de Colcha K negó la tarde del 5 de junio la acción popular presentada por la comunidad de Nor Lípez, quien buscó proteger sus derechos colectivos contra los contratos para la industrialización del litio en el Salar de Uyuni. La acción cuestionó la falta de consulta previa y los posibles impactos ambientales y sociales derivados de los acuerdos firmados con las compañías de Uranium One Group (Rusia) y el Consorcio CBC de Hong Kong (China) con los depósitos estatales de litio boliviano (YLB).
El abogado del centro provincial de las comunidades de Nor Lípez (Cupconl), Fatima Monasterios, dijo que el juez evitó ingresar el análisis de antecedentes y argumentó que la acción popular no sería el mecanismo apropiado para proteger los derechos reportados, especialmente el derecho a una consulta previa.
En ese sentido, el abogado expresó su profunda preocupación por esta decisión judicial. Como se explicó, la acción popular es el único mecanismo reconocido en Bolivia para que los pueblos indígenas puedan defender sus derechos colectivos, incluido el derecho a una consulta previa, libre e informada. "Es preocupante que el juez evite analizar los antecedentes del caso y desestimar la acción popular sobre el argumento de que no es el mecanismo ideal, cuando hay una amplia jurisprudencia que respalda su uso para proteger a las comunidades indígenas", dijeron monasterios.
Hizo hincapié en que durante la audiencia, los miembros de la comunidad demostraron la falta de estudios ambientales adecuados y la ausencia de procesos de consulta que garantizan su participación y consentimiento en los proyectos de explotación de litio.
En este sentido, el Secretario General de la Copa Cupconl, Iván Calcina, expresó su decepción a la resolución judicial, pero dijo que no claudicarán en su objetivo de defender el derecho de los pueblos indígenas.
«Estoy un poco decepcionado por la resolución emitida por el juez, pero nosotros, como un centro provincial, estamos más animados para continuar luchando, y continuaremos trabajando para lo que mi provincia nos ha confiado, hasta que encontremos respeto por mi comunidad y que prevalezcan los derechos que fueron violados. Esto nos da más fuerza para buscar en otros casos la justicia correspondiente”, dijo.
El juez también dejó las medidas de precaución emitidas el 27 de mayo de 2025 que paralizaban el tratamiento de los contratos de litio en la Asamblea y prohibieron a YLB llevar a cabo cualquier acción administrativa o trabajo relacionado con dichos contratos. Dentro de ese marco, según Calcina, la posibilidad de que la asamblea reanude el tratamiento de los contratos con la compañía china Hong Kong CBC y Uranium One Group ahora se abre.
Ante el rechazo judicial, la defensa anunció que presentará una apelación ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para revisar la decisión y garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales de las comunidades. "Estamos convencidos de que se puede hacer justicia en ese caso y proteger los derechos colectivos que están en riesgo", dijeron los monasterios de abogados.
Además, enfatizó que, aunque el juez no entró en el fondo de la acción popular, hizo una serie de consideraciones sobre el derecho a la consulta. Según el argumento de que las normas internacionales no se aplican en Bolivia, el juez instó a la Asamblea Legislativa a aprobar urgentemente una ley de consulta nacional que regule este derecho de acuerdo con las normas dichas. Dijo que esta recomendación, que no fue solicitada por las comunidades, refleja la complejidad y la urgencia del debate sobre la participación indígena en proyectos extractivos estratégicos como el litio.
Ni las comunidades de Lípez mantienen su rechazo de los contratos actuales y exigen que se respeten sus derechos y se garanticen el desarrollo justo y se garantice un desarrollo justo.
Fuente: Erbol
