Piden que magistrada Coaquira dé la cara y que el presidente del TSJ denuncie los otros casos de falsedad
Dos ex -outoridades públicas y abogados constitucionales exigieron que el juez Fanny Coaquira proporcione explicaciones públicas y presente sus descargas por la queja de la falsedad documental con la que habría habilitado como candidato para el candidato para las elecciones judiciales de diciembre de 2024. Asimismo, solicitaron que el Presidente de la Corte de Justicia de Justicia (TSJ), su deber y su deber. Otros siete casos de supuesta falsificación de documentos que dijo.
El ex magistrado del tribunal constitucional Marco Antonio Valdivieso (2010-2011) y el ex ministro de justicia Carlos Goitia (2002) acordaron que el llamado "caso del consorcio" revela el profundo deterioro institucional de la justicia en Bolivia y advirtió que el escándalo no será aclarado mientras el gobierno actual continúe.
Durante su participación en el programa, la democracia de la red Erbol, Goitia dijo que este no es un hecho anecdótico, sino una muestra clara de cómo ciertos jueces, fiscales y abogados organizados en consorcios operan que "venden sentencias al mejor postor, extorsionando o cargando por favor de los favoritos judiciales". Consideró vergonzoso que todavía no haya un proceso abierto o expertos que determinen si los documentos presentados por Coaquira son falsos.
En su opinión, si se muestra que el certificado de enseñanza presentado por el juez Coaquira es falso, es necesario aplicar sanciones penales, proceder a su despido e incluso exigir su renuncia inmediata.
Goitia también cuestionó al fiscal general del estado, Roger Mariaca, por su actitud "amenazante y nerviosa" hacia una pregunta de prensa sobre su eventual renuncia en este caso. Recordó que el ex ministro de justicia, César Siles, mencionó a Mariaca como parte de las autoridades de que "arreglarían el fallo" para haber afectado al juez Coaquira.
También criticó al presidente del TSJ, Romer Saucedo, por no haber formalizado hasta la fecha ninguna queja a pesar de haber afirmado que conoce otros siete casos similares. "Parece que quieres limitar la investigación solo a ciertas personas y no a todos los involucrados", dijo.
Por su parte, Marco Antonio Valdivieso consideró que el magistrado debe dar su rostro ya que "el consorcio de jueces y abogados se ha convertido en una moneda actual en la justicia boliviana", donde muchos operadores ven sus cargos como una forma de enriquecimiento ilícito.
Él cree que si bien este gobierno es: "Si lo escribes mejor, este caso no aclarará. No corresponde a este gobierno". Coincide con el abogado Goitia sobre la necesidad de investigar los otros casos, que se procesan, pero si bien este gobierno es, este caso no será aclarado, dijo.
"Aquí todo el poder del estado en este momento es interferencia. El gobierno y los tribunales e incluso el ministerio público no tendrían que ser parte de la investigación. Por lo tanto, para mí esta situación se aclarará después de las elecciones y después de ese alivio de los personajes y el propio gobierno", dijo.
Ambos juristas estuvieron de acuerdo en que el caso Coaquira puede ser la punta del iceberg y que otros casos de falsedad deben procesarse con transparencia e independencia.
Fuente: Erbol
