Sala Constitucional acusada por el Senado de causar daño institucional resolverá la censura de Espinoza
El 30 de abril de 2026, el Senado de la Nación acusó a la Tercera Sala Constitucional de El Alto, mediante resolución sala N° 02672025-2026, de violar la Constitución Política del Estado al haber ordenado la suspensión de un acto de interpelación contra un ministro de Rodrigo Paz. Esa misma Cámara resolverá este lunes la acción de amparo constitucional interpuesta por el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, para que anule el voto ausente de censura y regrese a sus funciones.
El Senado acusó a dicha Cámara de causar daño institucional al Estado Plurinacional, al alterar la relación funcional entre órganos del poder público y condicionar la acción parlamentaria a un mandato jurisdiccional sin fundamento constitucional, al haber ordenado la suspensión temporal de un acto de interpelación contra el Ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, a simple solicitud de la persona citada a un acto de interpelación.
Ahora le tocó al ministro Espinoza que los vocales lo restituyeran en su cargo, luego de haber sido destituido como consecuencia de la Ley que regula los actos de interpelación. El argumento de Espinoza es que un pedido de aplazamiento no fue atendido por cuestiones de agenda de trabajo, pese a que fue reprogramado varias veces en pleno receso parlamentario.
Espinoza explica que fue censurado en su ausencia con una votación inferior a la que exige la Constitución. Según el ex ministro, debería ser censurado por 110 de los 166 miembros de la Asamblea, pero en la votación del martes 18 de agosto la votación sólo alcanzó 91 votos favorables, es decir, veinte (20) votos por debajo del umbral constitucional de ciento once.
En abril de este año, el Senado dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debe defender el Estado de Derecho y, en particular, frente al orden constitucional de referencia de postergar la interpelación del Ministro Blanco, a fin de restablecer el orden constitucional, preservar la soberanía popular delegada y determinar las responsabilidades correspondientes.
En esa ocasión, se presentó denuncia penal ante el Ministerio Público contra los miembros de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Departamental de Justicia de La Paz, Ricardo Guisbely Limachi y Grover Jhonn Cori Paz, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes y prevaricato, previstos en los artículos 153, 154 y 173 del Código Penal.
Sin embargo, desde abril de 2026 se desconoce si se han iniciado procesos penales por lo que también se considera la grave violación al Estado de derecho que se pretende materializar en el Estado Plurinacional de Bolivia.
Fuente: Erbol
