Santa Cruz: Policía dilata por cuarta vez orden judicial de desalojo del predio avasallado “Villa Praga”
La Policía boliviana volvió a impedir, por cuarta vez desde 2022, la ejecución de una orden judicial para despojar el inmueble "Villa Praga", ubicado en la ciudad de Santa Cruz, donde la propia institución es acusada de mantener una ocupación ilegal, denunció el abogado defensor del afectado, Ramiro Aguilera.
La nueva demora se produjo luego de que el abogado y representante del Comando Departamental de Policía de Santa Cruz, Rubén Quispe Condori, devolviera la notificación judicial y promoviera una incidencia procesal que finalmente fue rechazada por la autoridad jurisdiccional, aunque esta volvió a posponer el cumplimiento de la orden de desalojo.
La abogada del propietario Teresa Treviño informó que este lunes venció el plazo otorgado por el Juzgado de Sentencia Penal N° 3 Anticorrupción de Santa Cruz para que la Policía ejecutara el embargo del inmueble y desalojara a los llamados “policías avasalladores”. Sin embargo, denunció que nuevas "chicanas" (reemplazos) impidieron una vez más el cumplimiento de una sentencia ejecutoriada.
Aguilera recordó que, desde 2022, el Departamento de Justicia emitió al menos cuatro órdenes de despojo que nunca fueron ejecutadas, pese a que tres instancias judiciales reconocieron el derecho de propiedad de Teresa Triviño Bazán. Manifestó que la inacción de la institución policial impide al propietario privado recuperar terrenos cuya restitución fue ordenada mediante resoluciones con autoridad de cosa juzgada.
Como antecedente, el 18 de mayo, el Juzgado de Sentencia Penal N° 3 Anticorrupción instruyó al Comando Departamental de Policía de Santa Cruz ejecutar, en un plazo de cinco días hábiles y con apoyo policial, el embargo de 12.000 metros cuadrados del inmueble “Villa Praga”. Sin embargo, el 28 de mayo el representante policial devolvió la notificación alegando que sus funciones eran sólo procesales y no operativas.
Además, Quispe Condori solicitó ante el Servicio de Registro Cívico (Serecí) un certificado de ascendencia de Félix José Moreno Antelo, condenado con sentencia ejecutoriada por el delito de despojo y quien falleció hace varios años. Para la defensa del propietario, esta acción constituyó una maniobra destinada a "resucitar a un muerto" y prolongar el incumplimiento de la sentencia judicial.
El juez rechazó ese incidente por improcedente y ordenó al representante legal de la Policía acatar la resolución vigente y cumplir con la orden de despojo. Sin embargo, la restitución del inmueble sigue sin ejecutarse.
Ante este nuevo aplazamiento, Aguilera anunció que acudirá al Gobierno de Santa Cruz para solicitar que, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, apoye la ejecución del fallo judicial y la recuperación del inmueble. Sostuvo que es contradictorio que la propia Policía boliviana, llamada a garantizar el cumplimiento de la ley, sea acusada de incumplir reiteradamente una sentencia ejecutoriada y mantener la ocupación del inmueble.
Fuente: Erbol | Seguridad
