Silva: Empresarios políticos buscan dar un “golpe suave” al gobierno usando la cláusula del decomiso

El viceministro de Protección al Consumidor, Jorge Silva, denunció este sábado que un grupo de “empresarios políticos” estaría utilizando la disposición séptima del Presupuesto General del Estado, relacionada con la confiscación de productos de la canasta familiar en casos de acaparamiento y especulación, como estrategia para desestabilizar al Gobierno. Según Silva, estas acciones responden a un intento de “golpe blando” por parte de actores vinculados al golpe de Estado de 2019 y a quienes provocaron la crisis alimentaria.

“Estos empresarios políticos buscan notoriedad en un contexto electoral para negociar espacios de poder con posibles candidatos presidenciales de la oposición, como Jorge Tuto Quiroga o Luis Fernando Camacho”, indicó.

Sin embargo, resaltó que sectores gremiales, minoristas y productivos han mostrado disposición al diálogo convocado por el Ejecutivo para trabajar desde el martes o miércoles en La Paz en una normativa que garantice la seguridad jurídica y excluya al comercio minorista del ámbito de aplicación de esta norma, al tiempo que combate el contrabando de productos esenciales.

Silva explicó que el Ejecutivo no tiene la facultad constitucional de modificar, derogar o abrogar normas aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, por lo que descartó atender demandas de eliminación de la disposición séptima, pero reiteró la disposición del gobierno de avanzar en la elaboración de una norma que brinde garantías al sector productivo. “Se les ofrece trabajar en una norma que ponga candados, proteja al sector productivo y excluya explícitamente a los gremios y comerciantes minoristas del alcance de esta disposición”, indicó.

El viceministro destacó que entidades como la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Confederación Nacional de Sindicalistas ya confirmaron su participación en el diálogo, sin embargo, informó que aún esperan la respuesta de otros sectores, como la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), para incluir sus propuestas en el proceso. Silva enfatizó que la disposición séptima está diseñada solo para combatir a quienes almacenan grandes cantidades de productos básicos con fines de contrabando o de enriquecimiento, y no para perjudicar a los comerciantes o industriales.

“Mientras un pequeño grupo de empresarios políticos utiliza este tema como pretexto para agendas electorales y movilizaciones, la mayoría del sector productivo está comprometido con construir normas que beneficien al país”, agregó. Silva criticó a estos empresarios por intentar posicionarse políticamente a costa de la estabilidad del país, sugiriendo que sus acciones buscan ganar protagonismo ante posibles alianzas con figuras de la oposición.

Aseguró que el diálogo continuará con aquellos sectores dispuestos a trabajar en la reglamentación de la norma, priorizando la protección de los intereses del comercio legal y la lucha contra la especulación y el contrabando. “Con los productores, los gremialistas y los empresarios que queremos construir el país, seguiremos avanzando en mesas de diálogo que brinden resultados concretos y beneficios para todos los bolivianos”, concluyó.

Fuente: Erbol