TCP admite un recurso para que el delito de terrorismo no se centralice en La Paz
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió una acción de inconstitucionalidad concreta contra los Artículos 1 y 2 del Decreto Supremo 138, que establecen que en La Paz se juzgan los acusados por crímenes terrorismo, sedición o levantamiento armado.
Según esta determinación, la decisión tomada por un juez de paz con respecto a la investigación para el desempleo de 36 días de 2022 para el censo y que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, fue revocado.
La apelación fue presentada por el Vicecanciller de la Autónoma Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas Banegas y el abogado José Luis Santistevan Justiniano contra el decreto, aprobado en 2009, durante la gestión del ex presidente Evo Morales.
El rector de la UAGRM, Vicente Cuéllar, dijo en sus redes sociales dijo que, debido a la resolución del TCP, el proceso criminal del desempleo de los 36 días fue paralizado y el arresto del gobernador de Cruz es "ilegal y arbitrario".
Dicho decreto había sido interrogado porque violaría el derecho del juez natural, estableciendo que todos los acusados de terrorismo se juzgan en La Paz. El decreto se utilizó en el contexto del caso de terrorismo de Santa Cruz, para llevar a los acusados a la sede del gobierno para ser procesados.
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Fuente: Erbol | Seguridad
