Tuto le dice al TSE que no fue parte de la encuesta del bloque opositor y pide que Samuel remita contratos
El candidato presidencial para la Alianza Free, Jorge Tuto Quiroga, envió una carta al Presidente del Tribunal Electoral Supremo (TSE), Oscar Hassenteufel, en el que aclara que no participó en la encuesta anunciada para este fin de semana por Samuel Doria Medina, dentro del marco del marco del bloque de oposición, y exige que los contratos firmados con las compañías son transparentes por el transparente por el transparente por el Transparentes de Samuel.
En el documento, Quiroga señala que la encuesta de opinión electoral promovida y financiada por Doria Medina no fue acordada ni acordada con su persona, a pesar de ser parte del bloque y el candidato presidencial. Asegura que la contratación de empresas, la metodología y el levantamiento de datos se definieran unilateralmente.
"Una decisión tan importante como la elección de un candidato presidencial no puede basarse en una ilegalidad, sin importar cuánto tenga la intención de disfrazarla", advierte en su carta generalizada en la tarde de este domingo.
Dentro de ese marco, solicita formalmente el TSE que, en el ejercicio de sus funciones de control y control, requiere que Samuel Doria Medina para la entrega de los contratos concluyó con las compañías que desarrollan la encuesta, para demostrar que no participó en dicho proceso.
La carta enfatiza que su decisión de no participar en esta consulta se basa en el respeto por las regulaciones electorales actuales. Artículo 6, Número 10, de la Ley No. 018 del cuerpo electoral plurinacional, lo que le da a esta entidad la competencia para regular y controlar tanto la propaganda electoral como los estudios de opinión con el efecto electoral, incluso en las etapas prelectorales.
También basa su posición en la Ley No. 026 del régimen electoral. El Artículo 128 de dicho estándar define las encuestas pre -selectorales como estudios cuantitativos realizados antes de una votación, con el objetivo de conocer las preferencias e intenciones del electorado. Por lo tanto, argumenta que deben ser supervisados con el mismo rigor que las encuestas realizadas durante un proceso electoral formal.
El ex presidente recuerda que el acceso a los estudios de opinión es un derecho ciudadano clave para el ejercicio democrático, pero también implica responsabilidades. Por lo tanto, todas las empresas, instituciones o medios que desarrollan o contratan encuestas para fines electorales deben registrarse con el Servicio de Fortalecimiento Democrático Intercultural (SIFDE) y cumplir con los requisitos técnicos, éticos y legales establecidos.
También advierte que la violación de estos requisitos puede conducir a sanciones, dado que el Artículo 238, la subsección K, de la Ley No. 026 establece como un delito electoral, la inducción del voto a través de la elaboración o la difusión ilegal de las encuestas. Tal infracción se puede sancionar con sentencias de uno a tres años de prisión, lo que, agrega, no solo afecta a los candidatos, sino a la ley ciudadana para decidir sobre la base de información transparente.
Quiroga enfatiza que el respeto por la ley es el pilar del estado de derecho y que, quien ha ejercido la primera magistratura del país o aspira a hacerlo, no puede permitirse el lujo de violar las regulaciones electorales. "La legalidad no puede ser una opción, debe ser una obligación", concluye.
Fuente: Erbol
