Acusados del caso Las Londras frenan juicio con recurso a la justicia indígena
Mercedes Fernández
En un giro judicial que ha generado una indignación entre las víctimas y la preocupación en el Gremio periodístico, los acusados del ataque armado contra una caravana de periodistas y civiles en la propiedad de Londras, en Guarayos, lograron paralizar el juicio oral presentando un recurso de declive de competencia que cuestiona la jurisdicción de la corte ordinaria.
La segunda audiencia del juicio tuvo que resolver este martes en el primer tribunal de juicio de Concepción, después de una prolongada espera desde los eventos que ocurrieron el 28 de octubre de 2021, cuando un grupo armado retuvo, torturó y amenazó a 17 personas, incluidos siete periodistas. Sin embargo, el proceso fue suspendido después de la presentación de una apelación por la defensa del acusado, que argumenta que el caso debe ser tratado por la jurisdicción indígena original.
Una maniobra dilatoria sin precedentes
Roberto Méndez, asesor legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, denunció la maniobra como una "niña legal" dirigida a impuesta indefinidamente el juicio. "La Ley 073 que regula el campesino de la justicia indígena es clara: no tiene competencia en crímenes contra la vida, como un intento de asesinar, secuestrar o torturar. Además, los eventos no ocurrieron en una comunidad indígena y las víctimas no pertenecen a una", explicó.
A pesar de esto, un tribunal de justicia original habría aceptado el reclamo del acusado, permitiéndoles presentar el declive e inhibir la corte de concepción por el momento. Según Méndez, el caso ahora debe enviarse al Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que podría paralizar el proceso durante meses o incluso un año.
Un emblema de violencia contra la prensa
Durante la audiencia inicial, celebrada en julio, solo aparecieron dos de los cinco acusados: Paulino Camacho Vedia y Nelson Rivadeneira. Los otros tres, Heber Sixto Canaza Sacaca, Martín Tejerina Villalobos y Nicolás Ramírez Taboada, fueron declarados en rebelión por no presentarse a pesar de tener órdenes de arresto.
El juicio comenzó con el testimonio del policía Carlos Argote, quien describió en detalle la violencia ejercida en los Londras, incluidas las amenazas contra los fiscales y los rehenes. El tribunal, compuesto por la Copa Rosa, Ramón Quiroga y Elvio Cullar, había rechazado previamente una apelación para el proceso de proceso.
Justicia estancada y víctimas revicimizadas
El fiscal Jaime Campos lamentó que la Oficina del Fiscal no pueda continuar el juicio, a pesar del hecho de que hay pruebas abrumadoras y delitos graves confirmados en la investigación. "Esto no corresponde a la justicia indígena. Estos son crímenes contemplados en el Código Penal bajo la ley de demarcación jurisdiccional", dijo.
La frustración entre las víctimas se hizo evidente. Percy Suárez, uno de los periodistas secuestrados que acudieron a la audiencia, expresó en lágrimas: "Esto ha sido un machete en la espalda. Están amorando nuestras manos. No es justo que estos delincuentes estén protegidos en una jurisdicción que no se corresponde.
El testimonio de Suárez retrata no solo el impacto psicológico de los hechos, sino también el sentimiento de abandono institucional. "Nunca los agarraron, las órdenes de arresto nunca fueron ejecutadas. Ahora presentan esta apelación dilatoria y el tribunal no puede hacer nada. ¿Y si nos envían a Avis o Oruro? ¿Dónde está la justicia?"
Un llamado urgente al tribunal constitucional
Tanto la defensa como los sindicatos de las víctimas y la oficina del fiscal exigen que el tribunal constitucional actúe rápidamente y devuelva el caso al tribunal ordinario, de modo que el proceso continúa y evita que el caso esté en impunidad. "Este juicio representa mucho más que un proceso penal; es un símbolo de la lucha contra la violencia contra los periodistas y la necesidad de garantizar la justicia y la protección para aquellos que ejercen este oficio", dijo Méndez.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) protestó por las maniobras dilatorias y anunció que no dejará de hacer justicia y sancionará a los responsables del ataque grave contra los periodistas para que se sienten un precedente contra la impunidad.
Mientras tanto, el juicio está suspendido, las víctimas esperan sanciones a los culpables del brutal ataque que ocurrió en Londras el 28 de octubre de 2021. Una vez más, la demora procesal pone la credibilidad del sistema judicial y abre la puerta a la impunidad.
Fuente: Erbol | Seguridad
