Colegio de Abogados rechaza amenaza de paro del Órgano Judicial y le recuerda que es causal de suspensión
El Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (CONALAB) rechazó la amenaza de huelga por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial y recordó que la legislación vigente establece como falta grave y causa de suspensión promover huelgas o suspensiones de actividades jurisdiccionales.
El comunicado se produce después de que las autoridades judiciales advirtieran de un paro nacional escalonado si el Gobierno no atiende su demanda de un mayor presupuesto.
El CONALAB reconoció que la administración de justicia enfrenta una crisis estructural marcada por insuficiencia presupuestaria, sobrecarga procesal, limitaciones tecnológicas y retrasos en las reformas, por lo que consideró legítimo que el Poder Judicial exija al Estado mejores condiciones materiales, financieras y regulatorias para cumplir con su función constitucional.
Sin embargo, sostuvo que ningún reclamo institucional puede justificar la interrupción del servicio de administración de justicia, por ser una función esencial del Estado que debe ser brindada de manera permanente, continua e ininterrumpida.
La entidad advirtió que una paralización de las actividades jurisdiccionales afectaría directamente el acceso a la justicia, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, además de provocar suspensión de audiencias, demoras en los procesos, daños a las víctimas, personas privadas de libertad y familiares, así como un aumento de las demoras judiciales.
Asimismo, recordó que el artículo 187, inciso 15, de la Ley 025 del Poder Judicial establece como falta grave y causa de suspensión "promover, organizar, participar en huelgas, paros o suspensiones de actividades jurisdiccionales".
Para el CONALAB resulta jurídicamente preocupante que autoridades encargadas de hacer cumplir la ley promuevan medidas cuya organización está expresamente restringida por el régimen disciplinario aplicable a la función judicial.
El comunicado también señaló que la crisis de la justicia boliviana trasciende la discusión presupuestaria y responde a problemas acumulados durante décadas, incluidos retrasos procesales, corrupción, falta de transparencia, la percepción de injerencia política, las debilidades de la carrera judicial y la insuficiente rendición de cuentas.
En ese sentido, planteó la necesidad de una reforma judicial integral que fortalezca la independencia de jueces y tribunales, consolide la meritocracia, incorpore evaluaciones objetivas, sancione la corrupción y la negligencia, modernice el sistema a través de la tecnología y refuerce los mecanismos de transparencia y control ciudadano.
Finalmente, CONALAB instó al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa Plurinacional a abordar las necesidades estructurales del sistema judicial a través de reformas legales y una asignación presupuestaria acorde a la importancia de la función jurisdiccional.
También instó a las máximas autoridades del Poder Judicial a priorizar el diálogo institucional y descartar cualquier medida que implique la suspensión de actividades, para evitar que la ciudadanía se vea perjudicada por un conflicto entre órganos del Estado.
Fuente: Erbol | Seguridad
