¿Crisis en el TSE? Caso Mariaca-Saucedo expone diferencias dentro el Órgano Electoral
Las revelaciones sobre presunta manipulación de las elecciones municipales de San Ignacio de Velasco y el reconocimiento entregado al exfiscal general Roger Mariaca pusieron al descubierto diferencias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Mientras el vocal Carlos Alberto Goitia afirmó que el organismo atraviesa una “profunda crisis”, su presidente, Gustavo Ávila, rechazó esa valoración y negó las acusaciones en su contra.
La controversia surgió después de que el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, Aldo Quezada, mencionara en sus declaraciones ante la Fiscalía una supuesta coordinación entre Saucedo y Ávila para favorecer la elección de un familiar del primero como alcalde de San Ignacio de Velasco. Las revelaciones se producen en el contexto de las investigaciones por presuntos vínculos con el narcotráfico que involucran a Mariaca y Saucedo.
Goitia consideró que deben ser investigadas las declaraciones de Quezada y las afirmaciones públicas del gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien denunció presiones políticas y judiciales por haber presentado candidato a alcalde en San Ignacio.
El vocal también cuestionó el reconocimiento que Ávila entregó este año a Mariaca. Aseguró que la distinción nunca fue aprobada por la Sala Plena del TSE y que, por tanto, no correspondía presentarla como un reconocimiento institucional.
“Nunca hubo autorización, visto bueno o aprobación de Sala Plena para entregarle un reconocimiento al señor Mariaca”, afirmó Goitia en La Tarde en Directo de ERBOL. Añadió que presentó una carta el 3 de noviembre para pedir una aclaración.
Este medio también pudo conocer que Goitia no fue el único vocal que expresó su cuestionamiento por el reconocimiento a Mariaca sin el aval de la Sala Plena.
Respecto al caso Saucedo, Ávila rechazó las afirmaciones de Quezada sobre una supuesta coordinación con el entonces presidente del TSJ y aseguró que el TSE actuó en cumplimiento de una sentencia constitucional que dispuso la inhabilitación de dos organizaciones políticas en San Ignacio de Velasco.
“De ahí a tratar de generar una coordinación es absolutamente falso”, manifestó el presidente del TSE en ERBOL. Explicó que la decisión judicial obligó al Órgano Electoral a proceder con las inhabilitaciones y que las autoridades electorales estaban legalmente obligadas a acatarla.
El titular del organismo también negó haber conversado con Saucedo sobre candidaturas u otros asuntos electorales. Respecto a las denuncias de Velasco sobre presiones para inhabilitar a la agrupación Libre, destacó que el propio gobernador reconoció que la presidencia del TSE no cedió a esas amenazas.
Sobre el reconocimiento a Mariaca, Ávila defendió que la distinción fue otorgada a la Fiscalía General del Estado como institución y no a la persona. Argumentó que el TSE también reconoció el trabajo de otras entidades que colaboraron en el proceso electoral, entre ellas la Policía, las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo.
Las diferencias también se extendieron a la evaluación del funcionamiento del organismo electoral. Goitia afirmó que el TSE atraviesa una “profunda crisis” que se arrastra desde enero, cuando comenzaron los conflictos por la habilitación de candidatos y organizaciones políticas para las elecciones subnacionales.
El vocal mencionó además el caso de la suspensión de la vocal Celedonia Cruz, quien fue acusada de supuestas faltas injustificadas, y los problemas disciplinarios que afectan a vocales del Tribunal Departamental Electoral de Chuquisaca.
Ávila rechazó esa interpretación y sostuvo que las denuncias contra autoridades electorales se encuentran en fase de investigación, sin que se hayan aplicado sanciones. También defendió el trabajo del organismo y recordó que sus autoridades tuvieron que responder a más de 90 acciones de amparo constitucional durante los procesos electorales.
¿Sicariato político?
Goitia afirmó que durante los procesos electorales operaron personas a las que calificó como “sicarios políticos”, mediante la presentación de acciones de amparo constitucional con el objetivo de inhabilitar candidaturas y organizaciones políticas.
“Yo no tengo otra denominación para ellos que trataron de presentar acciones de amparo constitucional en uno u otro lugar en Santa Cruz casualmente para lograr ese objetivo, inhabilitar candidaturas, inhabilitar partidos”, sostuvo.
También afirmó que estas actuaciones habrían contado con el respaldo del entonces presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien, según su versión, habría puesto a disposición de esos grupos a algunos jueces y fiscales. Goitia consideró que las denuncias deben ser investigadas por el Ministerio Público.
Mediante su cuenta de X, Goitia hizo referencia a Peter Beckhauser, quien es conocido por presentar acciones que terminaron en anulación de siglas. Señaló que el mismo presentó la denuncia que derivó en la suspensión de la vocal Cruz e insinuó que se trataría de un “consorcio”.
Por su parte, el presidente del TSE rechazó utilizar el término “sicariato político” para describir las denuncias y acciones judiciales. “Yo no llamaría, la verdad que no sé el significado de una palabra sicariato político, la verdad que no me aferraría de eso”, afirmó.
Señaló que el mismo Beckhauser lo implicó en alguna denuncia. Sin embargo, aseguró que no tiene miedo porque puede aclarar todos sus actos, Recordó que, cuando el TSE anunció que continuaría con las elecciones judiciales pese a los intentos de suspensión, sus integrantes recibieron amenazas de procesos penales y advertencias de que podían terminar en prisión si no cumplían determinadas sentencias.
Fuente: Erbol
