Defensoría pide a las autoridades mesura en el caso de la Fiscalía para evitar incertidumbre

La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a actuar con responsabilidad institucional y mesura ante la situación que atraviesa el Ministerio Público, con el objetivo de evitar acciones que interfieran en su funcionamiento o generen incertidumbre en la ciudadanía.
El pronunciamiento se da luego de la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y algunos de sus colaboradores, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Esa situación ha generado dudas sobre quién asume el cargo y susceptibilidad dentro del Ministerio Público.
La Defensoría informó que, a través de sus delegaciones departamentales, realizó verificaciones a nivel nacional sobre la continuidad del servicio en las Fiscalías Departamentales y constató que la atención se desarrolla con normalidad.
Durante estas verificaciones, la Defensoría señaló que se evidenció la presencia de fiscales de materia y personal de apoyo en sus funciones, además de la recepción de trámites y la atención continua de causas.
Según la institución, estas actividades permiten resguardar el debido proceso y garantizar el acceso ininterrumpido a la justicia.
En su pronunciamiento oficial, la Defensoría sostuvo que la autonomía institucional constituye una garantía tanto para el órgano encargado de la acción penal pública como para la sociedad y las personas sometidas a investigación.
En ese marco, consideró fundamental preservar la continuidad y regularidad del funcionamiento del Ministerio Público para garantizar la atención a la población y el ejercicio de sus derechos.
Ante la situación que atraviesa esa institución, la Defensoría exhortó a las instancias competentes a adoptar las medidas que correspondan dentro del ordenamiento jurídico vigente, bajo criterios de transparencia, fundamentación y seguridad jurídica.
Asimismo, recordó que toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, en estricta observancia de las garantías constitucionales.
Fuente: Erbol