Del conflicto al diálogo: las tareas pendientes para reconstruir la cohesión social
Jorge Quispe, Sumando Voces
El eco de los más de 50 días de bloqueos registrados entre mayo y junio todavía se siente en las calles y en los bolsillos de las familias bolivianas. La conflictividad dejó afectaciones a la salud, la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica, además de 22 fallecimientos documentados por la Defensoría del Pueblo en ese contexto, 19 de ellos correspondientes a terceros afectados por los bloqueos.
A las consecuencias inmediatas se suman una economía debilitada, hogares con menor capacidad para enfrentar nuevas dificultades y una población que vuelve a mirar con preocupación el aumento del costo de vida. En este escenario, el director ejecutivo de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez, y la especialista en diálogo y mediación Gabriela Ugarte analizan los efectos de la crisis y plantean la necesidad de recuperar mecanismos de diálogo, corresponsabilidad y participación para evitar que las diferencias sociales vuelvan a desembocar en escenarios de confrontación.
Una crisis que golpea a los hogares
La crisis económica y los bloqueos prolongados han dejado al descubierto la vulnerabilidad de amplios sectores de la población. Según datos de la Encuesta de Hogares 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 44,7% de la población boliviana se encontraba en situación de pobreza por ingresos, mientras que el 16,7% estaba en pobreza extrema.
Sobre esta realidad, Núñez advierte además acerca de la fragilidad de sectores que, aun sin encontrarse por debajo de la línea de pobreza, tienen poca capacidad para enfrentar un nuevo golpe económico. Fundación Jubileo ha señalado que la clase media es vulnerable ante factores como el incremento de los precios, la pérdida del empleo o una emergencia familiar.
La presión también se refleja en el costo de vida. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares utilizados por Núñez, los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas varían entre las áreas urbana y rural. En ambos casos, el aumento de los precios reduce el margen que tienen las familias para destinar recursos a salud, educación, transporte y otras necesidades.
A este escenario se suma la situación laboral de los jóvenes. Ugarte advierte sobre las dificultades que enfrenta este grupo y llama la atención sobre la necesidad de incorporar a las nuevas generaciones en las decisiones que definirán el futuro del país.
Un dato muestra una de las dimensiones de este fenómeno. Durante el primer semestre de 2026, el Servicio Nacional de Migraciones de Chile otorgó 84.717 permisos laborales a ciudadanos bolivianos, que representaron cerca del 70% de los 121.977 permisos concedidos a extranjeros en ese periodo. La cifra no permite atribuir por sí sola las razones de esa migración laboral, pero sí muestra la magnitud de la movilidad de trabajadores bolivianos hacia ese país.
Para Núñez, las consecuencias de la crisis tampoco pueden medirse únicamente en puestos de trabajo perdidos. “No solamente se han perdido 200.000 empleos, como dice el Gobierno, sino que hemos tenido la quiebra de muchos emprendimientos pequeños y de economías familiares”, sostiene.
Proteger la producción y repartir responsabilidades
Ante un escenario marcado por el encarecimiento de la vida, la eliminación de la subvención al diésel, la incertidumbre económica y la prolongación de las tensiones sociales, Núñez plantea fortalecer la capacidad productiva local.
Su preocupación apunta especialmente a los pequeños productores que deben competir con productos importados o ingresados al país de manera ilegal. Como ejemplo, menciona el caso de la papa producida en el occidente, que llega a los mercados paceños y alteños y puede encontrarse con producto peruano o chileno a menor precio.
“La única manera de parar la inflación, superar de alguna manera la crisis y la pobreza es con la capacidad productiva que podamos tener”, sostiene.
El planteamiento coloca la discusión económica en una dimensión que también tiene efectos sociales: garantizar condiciones para producir, acceder a mercados y generar ingresos puede contribuir a reducir la vulnerabilidad de las familias y, al mismo tiempo, disminuir las presiones que alimentan nuevos conflictos.
Núñez incorpora además la corresponsabilidad ciudadana como parte de la respuesta. “La crisis hay que enfrentarla con corresponsabilidad y no solo hablando del gobierno o las dirigencias sociales, sino de la ciudadanía en su conjunto”, afirma.
Del diálogo improvisado a un proceso con método
Para Ugarte, quien además es coordinadora del programa FPP de la Red UNITAS, evitar una nueva escalada requiere entender el diálogo como un proceso y no como una reunión convocada cuando la confrontación ya alcanzó su punto máximo.
En las etapas previas o durante una crisis, cuando la comunicación se rompe y aumenta la tensión, propone trabajar sobre lo que denomina las “4C”: convicción, conexión, condiciones y capacitación.
“El diálogo es un proceso que involucra una metodología, que involucra una estructura, que demanda un proceso que tiene cuatro momentos claves”, explica Ugarte.
La idea supone que la construcción de acuerdos necesita preparación, condiciones mínimas de confianza y participantes con capacidades para sostener la conversación incluso cuando existen posiciones enfrentadas.
La metodología también contempla escenarios posteriores a hechos de violencia. En esos casos, Ugarte plantea trabajar sobre las “3R”: reconciliación, reconstrucción de las relaciones y renovación de la cohesión social.
“Si es que se han dado esos niveles de violencia, el diálogo sirve precisamente para cumplir con las tres áreas que involucran la reconciliación, que involucra la reconstrucción de las relaciones y también involucra renovar la cohesión social”, señala.
Pensar más allá de la crisis
Para la experta, recuperar la confianza requiere previsibilidad y señales concretas de voluntad de diálogo. Pero también implica incorporar una dimensión que suele quedar relegada cuando las decisiones se concentran en resolver la urgencia: el futuro.
“Es fundamental que podamos tener la variable del futuro en la mesa del diálogo. Porque si decidimos sobre temas coyunturales del aquí y el ahora, es probable que tengamos resultados, pero a corto plazo”, explica.
Incorporar esa mirada supone también escuchar a quienes tendrán que vivir con las consecuencias de las decisiones actuales, particularmente las nuevas generaciones.
El planteamiento adquiere relevancia en un país donde la crisis económica, el empleo, la migración y el acceso a oportunidades están modificando las expectativas de miles de jóvenes.
¿Quiénes deben sentarse a la mesa?
Otro elemento central es quiénes participan en los procesos de diálogo. Para Ugarte, una negociación no puede limitarse a quienes protagonizan directamente una disputa, porque las decisiones que se adopten también pueden afectar a terceros.
“No podemos imaginar un diálogo solamente entre los demandantes y demandados, sino los secundarios, quienes tienen la afectación de las cosas que se vayan a resolver en esa mesa de diálogo y cómo les va a afectar en su vida”, sostiene.
La inclusión, en ese sentido, no se limita a ampliar el número de participantes. También implica reconocer las diferencias de poder existentes entre los actores y generar condiciones para que esas asimetrías no impidan una conversación efectiva.
En ese espacio pueden intervenir terceros que gocen de la confianza de las partes y que no formen parte directa de la disputa. Ugarte menciona, entre otros, a instituciones de la Iglesia y la academia, cuya participación puede contribuir a facilitar procesos de mediación.
La experiencia reciente muestra que la necesidad de diálogo no aparece solamente al final de una crisis. Durante los bloqueos de mayo y junio, la propia Defensoría del Pueblo realizó 30 acciones de prevención, gestión y facilitación del diálogo, además de promover llamados conjuntos con la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil.
Después del conflicto, reconstruir la confianza
Los más de 50 días de bloqueos dejaron una huella que no se reduce a las pérdidas económicas. La Defensoría documentó afectaciones a derechos como la vida, la salud, la libertad de circulación y la integridad física, además de situaciones que afectaron a personas que no eran parte de la disputa.
Por eso, el desafío posterior a una crisis no consiste únicamente en recuperar la actividad económica o restablecer el tránsito. También supone reconstruir relaciones deterioradas, recuperar confianza en las instituciones y generar condiciones para que las diferencias puedan procesarse mediante mecanismos democráticos.
Núñez considera que la responsabilidad alcanza a la clase política y a los gobernantes, especialmente en materia de transparencia y respuesta institucional. Pero su planteamiento también incorpora a las organizaciones sociales y a la ciudadanía.
Ese enfoque de corresponsabilidad permite mirar la crisis desde una perspectiva más amplia: el Estado tiene obligaciones frente a los derechos de la población; las organizaciones tienen responsabilidades en el ejercicio de la protesta y la defensa de sus demandas; y la sociedad necesita espacios donde las diferencias puedan ser procesadas sin que quienes no participan directamente de una disputa terminen pagando sus mayores costos.
La experiencia de mayo y junio deja así una pregunta que trasciende aquella coyuntura: cómo construir mecanismos capaces de anticipar los conflictos antes de que lleguen a las calles, cómo garantizar los derechos de quienes protestan y de quienes resultan afectados por las medidas de presión, y cómo recuperar la confianza cuando la confrontación ya ha dejado heridas.
El diálogo, en esa perspectiva, no es solamente una salida para cuando el conflicto estalla. Es también una herramienta de prevención, participación democrática y reconstrucción de la convivencia.
La democracia no elimina las diferencias. Su desafío es ofrecer caminos para procesarlas sin que esas diferencias terminen convirtiéndose en una fractura social.
Fuente: Erbol
