Dos meses de audios bajo sospecha: del caso Beller a los supuestos negociados
Karem Mendoza G.
Lo que comenzó con la difusión de una grabación vinculada a una denuncia por violencia terminó por alcanzar al presidente Rodrigo Paz, su entorno familiar, ministros, mandos policiales, autoridades judiciales y empresas estatales. Desde mediados de agosto hasta finales de octubre, al menos una docena de audios atribuidos al exasesor argentino Fernando Cerimedo circularon por distintos canales y expusieron supuestas conversaciones sobre decisiones de Gobierno, operativos de seguridad, nombramientos y presuntos negocios. Sin embargo, no todos tuvieron el mismo origen y ninguno fue sometido a pericias oficiales.
La controversia también abrió una disputa sobre quién grabó las conversaciones, quién entregó los archivos y si fueron obtenidos mediante registros realizados por sus participantes, filtraciones de dispositivos o posibles intervenciones.
Mientras algunos audios fueron identificados como manipulados con inteligencia artificial (IA), otros no presentaron indicios de generación artificial, aunque eso no certifica que estén completos ni que no hayan sido editados.
Beller: el primer registro y las denuncias sobre el entorno de Cerimedo
La primera grabación de esta secuencia fue difundida por Nadia Beller, expareja de Cerimedo, días antes del atentado armado que sufrió el 17 de agosto en Santa Cruz.
En una entrevista con Unitel, publicada el 20 de agosto, Beller contó que había hecho pública una conversación en la que le comunicaba al entonces asesor que no quería continuar con la relación. Dos días antes del ataque, según su relato, también lo había encarado por teléfono.
En una entrevista posterior con ERBOL, Beller explicó que los audios que difundió no eran conversaciones independientes, sino fragmentos de un mismo registro que dividió por temas.
Entre ellos mencionó referencias a presuntos pagos por el almacenamiento de combustible, operaciones relacionadas con la exportación de oro y conversaciones sobre personas vinculadas al Gobierno.
Uno de los asuntos que identificó fue el denominado “tancaje”, relacionado, según su versión, con la comisión que recibiría Brad Parscale, socio de Cerimedo, por la compra de combustible de la empresa Futura Bolivia. También afirmó que en otra parte del material Cerimedo le habló sobre un joven detenido por el caso maletas de oro y sobre supuestas gestiones para evitar su aprehensión y facilitar su salida del país.
Beller también aseguró que presenció llamadas frecuentes entre Cerimedo y Marilena Urquidi, esposa del presidente. Según su testimonio, en esas conversaciones hablaban sobre qué comunicar a Rodrigo Paz y a los ministros.
“Se suponía que él estaba en Bolivia para asesorar al presidente y hacer bien las cosas, sin embargo, se estaba ocupando de hacer negocios con la familia”, recordó que le reclamó en uno de sus mensajes al exasesor.
La abogada sostuvo que entregó a la Fiscalía grabaciones, mensajes y documentos que, a su criterio, respaldarían sus denuncias. También cuestionó la falta de avances en la investigación por el atentado que sufrió. Sobre los audios difundidos posteriormente, dijo que desconoce quién los obtuvo, aunque considera que parecen haber sido registrados desde el teléfono de Cerimedo.
Lara: siete audios que alcanzaron al Presidente, ministros y mandos policiales
El 31 de agosto, el vicepresidente Edmand Lara presentó públicamente una grabación atribuida a Cerimedo y a Marilena Urquidi. La conversación, de poco más de ocho minutos, aludía a la continuidad del entonces comandante general de la Policía, Mirko Sokol, y a posibles cambios dentro de la institución. Lara afirmó que el registro evidenciaba la influencia del exasesor en decisiones gubernamentales y anunció que lo entregaría al Ministerio Público.
Al día siguiente, el 1 de septiembre, presentó una denuncia penal contra Cerimedo y Urquidi por presuntos delitos de tráfico de influencias, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Lara dijo que la Fiscalía debía determinar la autenticidad de las voces mediante una pericia.
El 2 de septiembre difundió una segunda grabación, atribuida esta vez a una conversación entre Cerimedo y el presidente Rodrigo Paz. El diálogo estaría relacionado con la preparación del estado de excepción durante los bloqueos registrados entre mayo y junio.
En el fragmento se escucha una frase atribuida al mandatario: “Qué tal si les sacamos la mierda, primero, a los chapareños porque son el centro del terrorismo”. Lara sostuvo que el contenido debía investigarse y cuestionó la forma en que se referían a la población del Trópico.
El 8 de septiembre, el vicepresidente presentó un tercer audio, atribuido al exasesor y al entonces ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La conversación se refería a los conflictos en San Julián, Santa Cruz, y a posibles medidas para reducir la capacidad de movilización de los bloqueadores.
Según la transcripción difundida, se hablaba de detener a manifestantes y cortar servicios básicos como la luz e internet.
“¿Cómo es posible que un actor externo, que un ciudadano extranjero, le daba órdenes a los ministros de qué es lo que tenían que hacer?”, cuestionó Lara al presentar el registro.
El 18 de septiembre difundió una cuarta grabación, atribuida a Cerimedo y al entonces director de Inteligencia de la Policía, Erick Correa.
En ella, la voz atribuida al jefe policial solicita ayuda para obtener identidades distintas para tres efectivos que participarían en una operación. Según la transcripción, Cerimedo se compromete a realizar gestiones ante el Servicio General de Identificación Personal (Segip).
El 28 de septiembre se conoció una quinta grabación, en la que se escucha presuntamente a Cerimedo conversar con una mujer no identificada sobre pagos de 15.000 dólares por avionetas que realizarían operaciones vinculadas al narcotráfico en Beni.
Un día después, el 29 de septiembre, se difundió otro audio atribuido al exasesor y al entonces director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Franz Cabrera. En esa conversación se alude a la detención de dos abogados y a la posibilidad de “armar una trampa”.
El séptimo registro presentado por Lara salió a la luz el 5 de octubre y fue atribuido a una conversación entre Cerimedo y Roger Mariaca, quien para entonces ya había dejado la Fiscalía General. El diálogo es breve: ambos coordinan un encuentro en Santa Cruz y mencionan a una tercera persona identificada únicamente como “M”.
Lara sostuvo que los audios provenían de una fuente cuya identidad decidió mantener en reserva y afirmó que las grabaciones habían sido realizadas por el propio Cerimedo. También aseguró que remitió el material a la Fiscalía para su análisis.
Las filtraciones anónimas: de Alejandro Reyes a los presuntos negociados
Después de los siete registros difundidos por Lara comenzaron a circular otras grabaciones en redes sociales y cuentas digitales, sin que sus responsables identificaran públicamente la fuente de los archivos. El vicepresidente negó tener relación con estas nuevas publicaciones y dijo desconocer quién las había obtenido.
El investigador social y analista de datos Wilmer Machaca, en entrevista con ERBOL, identificó cuatro etapas en la circulación de las grabaciones: las publicaciones iniciales de Nadia Beller; los audios difundidos por Edmand Lara, quien afirmó contar con una fuente reservada; las nuevas conversaciones que involucraron a personas del entorno de poder y, finalmente, una dispersión de registros en redes sociales, con contenidos de distinta procedencia y características.
Sobre el origen de los archivos, Machaca plantea que algunos podrían corresponder a conversaciones grabadas por sus propios participantes, mientras que otros pudieron ser obtenidos desde dispositivos de terceros o mediante mecanismos de captación de comunicaciones. En ese análisis menciona el caso del programa Pegasus como una referencia para comprender las posibilidades de vigilancia digital, aunque no existen pruebas técnicas que permitan afirmar que hubo espionaje de ese tipo en Bolivia.
El analista también advierte que la multiplicación de grabaciones puede saturar la conversación pública y desplazar la atención desde el contenido de las denuncias hacia las discusiones sobre quién las filtró, si son auténticas o si fueron manipuladas.
Entre las hipótesis que plantea está la posibilidad de que algunas publicaciones respondan a intentos de presión para favorecer la liberación de Cerimedo o formen parte de una disputa comunicacional alrededor del Gobierno.
En ese marco, el 13 de octubre se difundió una conversación atribuida a Cerimedo y al diputado Alejandro Reyes, en la que se abordaban asuntos de estrategia política, comunicación y relaciones con legisladores.
La publicación generó cuestionamientos sobre el papel del parlamentario y su relación con el exasesor.
Por primera vez, Cerimedo cuestionó públicamente la autenticidad de una grabación mediante un comunicado manuscrito desde la cárcel, en el que afirmó que el audio había sido manipulado. Mientras tanto, el diputado Alejandro Reyes admitió que mantuvo una conversación con Fernando Cerimedo, pero denunció que el audio difundido fue editado y sacado de contexto con una intencionalidad política.
El 16 de octubre apareció una grabación atribuida a Cerimedo y al ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. En el diálogo se describe un supuesto operativo para capturar al expresidente Evo Morales en el Trópico de Cochabamba. La voz atribuida a Cerimedo habla de coordinar acciones con responsables policiales, adquirir equipos y desplegar personal, además de solicitar entre siete y ocho millones de bolivianos para financiar la operación durante 15 días.
En uno de los pasajes, la voz atribuida al exasesor dice: “Básicamente voy a dirigir la operación sin ser funcionario ni policía. La Policía va a hacer todo dentro de la norma, todo lo que sea por fuera lo voy a hacer yo”. La conversación también menciona que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, no estaría al tanto del supuesto plan.
El 19 de octubre, Zamora negó la veracidad del audio y lo calificó de “chacota” y “ciencia ficción”. “Esto parece una historia de ciencia ficción, faltaba que esté Rambo y los Power Rangers en este operativo”, declaró. También cuestionó que una operación de esa magnitud no contemplara la participación del Ministerio de Gobierno.
Ese mismo día, Lara deslindó responsabilidad por la difusión y planteó como una apreciación personal que Cerimedo podría estar liberando grabaciones para presionar al Ejecutivo. “Parece que Fernando Cerimedo está empezando a filtrar audios a manera de presionar al Gobierno”, manifestó.
El 26 de octubre se difundió otro audio atribuido a Cerimedo y Urquidi, esta vez sobre asuntos económicos y disputas en el sector de hidrocarburos. En la conversación se habla de licitaciones de gas natural vehicular (GNV), comercialización de urea, nombramientos en YPFB y diferencias con el ministro Marcelo Blanco. También se menciona al titular de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y al presidente de YPFB, Sebastián Daroca.
En uno de los fragmentos, la voz atribuida a Cerimedo cuestiona la intervención de Justiniano en decisiones de YPFB y dice: “Que no se meta más en Yacimientos aunque sea ministro de Hidrocarburos”. La conversación también alude a la permanencia de Daroca en la presidencia de la estatal y a la disputa por designaciones en áreas de comercialización.
El mismo día circuló otro registro atribuido a Cerimedo y Zamora, en el que se mencionan las pugnas por espacios de poder dentro del Gobierno y las diferencias entre ministros. En uno de los pasajes se alude a Blanco y Justiniano. La difusión de estos fragmentos amplió las preguntas sobre la posible intervención de personas sin cargo público en decisiones relacionadas con empresas estatales.
Consultado sobre el audio de Urquidi y Cerimedo, Zamora dijo que no lo había escuchado y que pediría que se lo enviaran para analizarlo. “Hay que ver de dónde viene el audio y si tiene relación con el trabajo, si hay algo que me involucra, tendré que dar las explicaciones”, sostuvo. Añadió que había “cosas más importantes” en las que debía concentrarse el país.
Por su parte, el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, afirmó que no podía establecer si las grabaciones eran verdaderas o falsas.
“Yo no puedo decir si esos audios son verdaderos o falsos”, declaró ante periodistas. Añadió que sus actuaciones se enmarcan “dentro del marco de la ley y la transparencia”.
Los audios falsos y las verificaciones técnicas
En medio de las filtraciones también circularon grabaciones que buscaban atribuir conversaciones a Cerimedo y otras figuras políticas. Chequea Bolivia identificó como falsos o manipulados registros que supuestamente involucraban al empresario y político Samuel Doria Medina, al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y al vocero presidencial José Luis Gálvez.
En el caso de Reyes Villa, la verificadora detectó sonidos robóticos, diferencias de frecuencia entre las voces y marcas de agua asociadas al uso de inteligencia artificial. En el supuesto diálogo con Gálvez, encontró inconsistencias con los datos oficiales del caso de exportación ilegal de oro y una marca de agua que indicaba que el audio había sido creado o editado con IA. En el registro atribuido a Doria Medina también se identificaron señales de manipulación.
Los resultados fueron diferentes en las conversaciones atribuidas a Cerimedo y Urquidi, difundidas el 31 de agosto y el 26 de octubre. Chequea Bolivia no encontró señales claras de generación artificial y reportó resultados compatibles con voces humanas. Bolivia Verifica, por su parte, examinó el audio atribuido a Cerimedo y Zamora y encontró un 99% de probabilidad de que la muestra analizada correspondiera a voces humanas, según una de las herramientas utilizadas.
Sin embargo, estos resultados no certifican la autenticidad integral de las grabaciones. Tampoco permiten establecer quién obtuvo los archivos, cómo fueron difundidos o si los fragmentos publicados conservan el contexto de las conversaciones originales.
Las verificaciones también pusieron límites a las conclusiones sobre los audios. Helga Velasco, directora de Bolivia Verifica, explicó a ERBOL que esa entidad analizó aproximadamente cinco grabaciones con herramientas digitales para identificar indicios de generación mediante inteligencia artificial, pero aclaró que sus resultados no certifican la autenticidad de una conversación.
“En ningún momento nosotros realizamos una pericia legal (…) para determinar, por ejemplo, la identidad de las voces, si hubo o no algún tipo de edición, algún tipo de montaje o cualquier otro tipo de alteración”, precisó.
En el caso del audio atribuido a Cerimedo y Marilena Urquidi, tres herramientas arrojaron porcentajes superiores al 90% de autenticidad, aunque Velasco insistió: “No es concluyente, no es una pericia, no es un examen final”.
Paz y la explicación sobre el papel de Cerimedo
La controversia se instaló en el Ejecutivo desde agosto. El 26 de ese mes, después del atentado contra Beller y la detención de Cerimedo, el presidente Rodrigo Paz difundió un mensaje grabado para explicar la relación que había mantenido con el consultor argentino. Reconoció que Cerimedo colaboró durante la campaña electoral y al inicio de su Gobierno, pero negó que tuviera una función institucional o autorización para representarlo.
“El señor Cerimedo jamás tuvo la autorización de representar a este boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a mi familia”, afirmó. También sostuvo que nunca existió un contrato ni una relación laboral directa y añadió: “No hay asesores principales”.
El 4 de septiembre, tras la difusión del audio que se le atribuyó junto a Cerimedo, Paz señaló que había grabaciones de carácter privado y pidió dejar que la Justicia investigara. “No hago caso a los audios. Sí hago caso a la Justicia”, declaró.
Casi dos meses después, el 29 de octubre, el mandatario volvió a referirse a las grabaciones tras la circulación de nuevos registros atribuidos a Cerimedo, Urquidi, su hija Catalina y ministros. Esta vez pidió investigar quién estaba detrás de las filtraciones. “Habría que investigar quién filtra o quién los produce, porque están saliendo ya, es una locura”, dijo en Tarija. También sostuvo que “el mejor audio es el desarrollo, el mejor audio es la producción”.
Las nuevas conversaciones, particularmente las atribuidas a Urquidi y Cerimedo sobre cargos y contratos, reabrieron el debate sobre el alcance de la colaboración del argentino en el Ejecutivo y sobre el papel que habría tenido en decisiones de gestión. Los registros no prueban por sí solos que Cerimedo tuviera representación oficial, pero plantean interrogantes sobre el acceso que habría tenido a autoridades y sobre las gestiones que se describen en las conversaciones.
Lara declara, legisladores cuestionan y la Fiscalía anuncia una unidad de Cibercrimen
El papel de Lara también cambió a medida que avanzó la polémica. Además de difundir siete grabaciones, el vicepresidente presentó denuncias y pidió que el Ministerio Público investigara tanto el contenido como la procedencia de los archivos. El 26 de octubre declaró ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) como denunciante en una investigación relacionada con uno de los audios sobre presuntos vínculos con el narcotráfico. Según informó posteriormente, en esa diligencia proporcionó datos sobre el origen del registro.
Los cuestionamientos también llegaron desde la Asamblea Legislativa. Los diputados Gabriel Corvera, Claudia Herbas y Álvaro Cazasola exigieron al fiscal general interino, José Armando Urioste, que informe sobre el estado de las investigaciones y profundice las pesquisas relacionadas con Cerimedo.
Corvera cuestionó que, mientras continuaban las filtraciones, no existiera una respuesta formal del Ministerio Público. “El pueblo necesita certezas para evitar especulaciones”, manifestó. Herbas pidió que se investiguen las conversaciones en las que aparecen ministros y legisladores, mientras que Cazasola advirtió que el caso no podía quedar impune.
Desde el oficialismo, la diputada Claudia Bilbao también pidió explicaciones y sostuvo que el Gobierno debía iniciar un proceso contra Cerimedo para esclarecer qué actividades realizaba y qué buscaba obtener del Estado. Lo calificó de “infiltrado”.
Al día siguiente, el 28 de octubre, la diputada Lissa Claros, de la alianza Libre, exigió la conformación de una comisión de fiscales y la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para establecer la autenticidad de las grabaciones. También pidió investigar a todas las personas mencionadas, incluida la primera dama, Marilena Urquidi.
“No puede ser que salgan absolutamente cada día audios y el Ministerio Público no se pronuncie hasta el día de hoy”, cuestionó Claros. La legisladora también anunció que volvió a solicitar información a Migración sobre el estatus migratorio del ciudadano argentino.
El 30 de octubre, Lara volvió a cuestionar al fiscal general interino, José Armando Urioste, después de que este afirmara que no existía un proceso penal específico por todos los audios debido a la falta de una denuncia formal. Lara sostuvo que ya había presentado denuncias y entregado grabaciones en La Paz. “Yo he presentado cuántas denuncias y he mandado los audios al Ministerio Público. Entonces, señor Urioste, yo he denunciado”, reclamó.
La respuesta de la Fiscalía llegó en medio de un cambio institucional. El 4 de octubre, Roger Mariaca fue enviado a detención preventiva en el caso de los fajos de dinero encontrados en una ambulancia que salió de su domicilio. Tras su salida, José Armando Urioste asumió como fiscal general interino.
El 29 de octubre, en una entrevista con Correo del Sur, Urioste anunció la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen para investigar de oficio el origen, la autenticidad y el contenido de las grabaciones. “Se debe investigar todo”, sostuvo. También cuestionó que se dé por establecida la autenticidad de los audios sin conocer qué herramientas se utilizaron, si se examinaron los dispositivos originales y de dónde provienen los archivos.
La autoridad aclaró que la conformación de equipos especializados no significaba que ya existiera un proceso penal específico por todos los registros. Explicó que la Fiscalía enfrenta limitaciones técnicas para acceder a información almacenada en la nube y que podría requerir apoyo internacional para realizar determinadas pericias.
A dos meses de las primeras filtraciones, la polémica reúne grabaciones difundidas por Beller, siete audios presentados por Lara y otros registros publicados por cuentas y fuentes no identificadas. Algunos fueron desmentidos por verificadoras; otros presentan características compatibles con voces humanas, pero aún requieren una evaluación integral.
Mientras el Gobierno pide investigar quién los produce o filtra y la Fiscalía anuncia una unidad especializada, siguen pendientes las preguntas centrales: quién obtuvo cada archivo, si las conversaciones están completas, qué hechos pueden corroborarse y si las gestiones mencionadas tuvieron consecuencias concretas en las instituciones públicas.
Fuente: Erbol
