En un mes, Transparencia recibe 340 nuevas denuncias contra 60 entidades públicas
El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó este domingo que en poco más de un mes esta cartera de Estado recibió 340 nuevas denuncias por presuntos actos de corrupción que involucran al menos a 60 entidades públicas, siendo el sector de hidrocarburos el que concentra la mayor cantidad de casos.
En entrevista con el programa Hagamos Democracia de la cadena Erbol, García explicó que el volumen de denuncias demuestra que la corrupción se institucionalizó en distintos niveles del Estado, generando prácticas de prebendalismo y enriquecimiento ilícito que ahora serán investigadas de manera gradual y ordenada.
Precisó que Yacimientos Petrolófilos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) se encuentran entre las entidades con más denuncias, y citó el caso de un ex director de contrataciones de una empresa estatal que, en un período de tres años, incrementó su patrimonio en aproximadamente 15 millones de bolivianos. Indicó que varios de sus bienes y vehículos ya cuentan con anotaciones preventivas.
En el caso de la ANH, dijo que no sólo se han reportado múltiples denuncias, sino que además “ya tenemos indicios de enriquecimiento de exdirectores de la ANH”.
Otra de las instituciones con un número importante de denuncias es el Fondo Nacional de Salud, además de entidades dependientes de los Ministerios de Economía y Defensa, así como gobiernos subnacionales, donde se reportaron presuntos cobros irregulares y extorsiones en algunos municipios.
García señaló que actualmente se lleva a cabo un proceso de categorización de denuncias para priorizar la atención de los casos según el número y gravedad, con el objetivo de concentrar los esfuerzos investigativos en las entidades con mayores indicios de irregularidades.
Aclaró que, una vez que se tengan resultados preliminares, se activarán los procesos penales correspondientes contra los responsables, destacando que se trata de investigaciones judiciales y administrativas por daños económicos comprobables, y no de persecución política.
Finalmente, informó que la Comisión de la Verdad que investiga el caso Botrading amplió su trabajo con una búsqueda de inteligencia financiera para identificar a los funcionarios involucrados y determinar el destino de los recursos públicos. Aseguró que el objetivo no es sólo sancionar a los responsables, sino también recuperar los bienes a favor del Estado.
Fuente: Erbol
