Gobierno entregó reglamento de la Ley 1680 que garantiza protección integral a huérfanos por feminicidio
En un acto que se cumplió este domingo en la Casa del Pueblo, el Viceministerio de Igualdad de Oportunidad y Derechos Humanos, entregó el reglamento de la Ley 1680 que garantiza la protección integral a las y los huérfanos de feminicidio por parte del Estado.
La primera tarea será identificar a todas las niñas, niños y adolescentes que quedaron en situación de orfandad desde la promulgación de la Ley 348. La norma contempla un bono mensual y medidas de apoyo y reparación para las víctimas indirectas de la violencia feminicida.
La entrega del Decreto Supremo que reglamenta la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida marca un nuevo compromiso del Estado con quienes quedaron en situación de orfandad como consecuencia de la violencia feminicida.
Durante el acto, la viceministra de Igualdad de Oportunidades y Derechos Humanos, Jessica Echeverría, destacó que la aprobación del reglamento representa mucho más que la promulgación de una norma. Se trata, afirmó, de una respuesta estatal frente a una de las expresiones más dolorosas de la violencia: la pérdida de una madre y, con ella, la ruptura de un hogar y de un proyecto de vida.
Frente a esta realidad, sostuvo que “el Estado tiene el deber de proteger, reparar y restituir los derechos de quienes, sin haber elegido esta tragedia, han tenido que enfrentar sus consecuencias”. En ese marco, la reglamentación busca establecer mecanismos que permitan hacer efectiva la protección integral de las hijas e hijos que quedaron en orfandad, así como garantizar el acceso a las medidas de asistencia previstas por la ley.
Echeverría anunció que la primera tarea será realizar un registro de todas las niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos por feminicidio desde la promulgación de la Ley 348, con el propósito de identificar a las víctimas, conocer sus necesidades y avanzar en la activación de los beneficios contemplados en la Ley 1680.
El registro constituye un paso fundamental para que las medidas establecidas no queden únicamente en el ámbito normativo, sino que lleguen a las familias y a las personas responsables del cuidado de quienes perdieron a sus madres en hechos de violencia extrema.
El reglamento establece un bono económico mensual equivalente al 20% del salario mínimo nacional vigente, destinado a las hijas e hijos beneficiarios. Asimismo, contempla un paquete alimentario mensual para menores de cinco años, equivalente al 20% del subsidio de lactancia, atención gratuita en salud, acceso y permanencia en el sistema educativo, y prioridad para acceder a becas en universidades e institutos privados.
La protección también incluye el acompañamiento psicológico y el seguimiento de las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes. Para ello, se prevé la conformación de equipos multidisciplinarios y móviles en los departamentos, además de la coordinación entre las instituciones responsables de identificar, registrar y atender a la población beneficiaria.
La dimensión de esta tarea se refleja en los datos de la Fiscalía General del Estado, que reportó 536 hijas e hijos huérfanos por feminicidio entre el año 2020 y julio de 2026. Sin embargo, esta cifra no representa todavía el universo total de víctimas, debido a la ausencia de un registro nacional completo que permita identificar a todas las personas afectadas desde la vigencia de la Ley 348.
En el acto de entrega del Reglamento que tuvo lugar en el Casa del Pueblo, participaron también el Defensor del Pueblo, familiares de víctimas de feminicidio y representantes de las organizaciones sociales, incluido ERBOL, que promovieron la Ley 1680, cuyo trabajo de incidencia fue fundamental para impulsar el reconocimiento de los derechos de las hijas e hijos que quedan en orfandad como consecuencia de feminicidios.
El Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, destacó que, con la entrega del reglamento, “el desafío pasa ahora a la implementación efectiva de las medidas, la identificación de todas las víctimas y la asignación de los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento”.
El objetivo, subrayó por su aparte la viceministra Echeverría, “no es sólo garantizar una compensación económica, sino restituir derechos y brindar condiciones de protección, cuidado y desarrollo a quienes enfrentan las consecuencias de una de las formas más graves de violencia que cambió sus vidas”.
Echeverría saludó la presencia de Santiago, el niño que sobrevivió al feminicidio de su mamá y al infanticidio de su hermano, a manos de Edson España Alcocer el 4 de marzo de 2017 en la zona de Alto Tacagua, en La Paz. ///zab
Fuente: Erbol
