Gobierno reprocha la amenaza de paro judicial: es “inaudito” y “sindical”
El Gobierno cuestionó este lunes la amenaza de un paro nacional del Poder Judicial para exigir un aumento presupuestario y calificó esa posibilidad como un hecho "inédito" y una medida de presión de carácter "sindical empresarial", aunque ratificó su disposición a dialogar con las autoridades judiciales.
La declaración fue realizada por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en respuesta a las declaraciones del juez Rommel Saucedo, quien, en representación del Poder Judicial, anunció el envío de una nota al Poder Ejecutivo para solicitar atención a sus demandas y advirtió que, de no ser escuchadas, se convocaría inicialmente a un paro de 24 horas, con la posibilidad de extender la medida por etapas hasta llegar a un paro indefinido.
"El anuncio de huelga en el órgano judicial es un hecho sin precedentes y su mera mención o sugerencia es reprobable", afirmó Gálvez.
Agregó que la crisis del sistema judicial "no se soluciona con una huelga" y sostuvo que, de concretarse la medida, "las consecuencias serán responsabilidad exclusiva de quienes la convoquen".
El vocero señaló que nunca antes, en la historia republicana del país, magistrados de los más altos tribunales habían propuesto una parálisis que prive a la población del servicio de justicia.
Asimismo, aseguró que el Gobierno respeta plenamente la independencia de los órganos del Estado, pero consideró necesario pronunciarse porque se trata de una situación sin precedentes.
"No estamos de acuerdo con la adopción de lógicas corporativas de corte gremial que ya le han hecho mucho daño al país", dijo Gálvez, señalando que los asuntos administrativos deben resolverse mediante la coordinación y el respeto entre los órganos del Estado.
En ese marco, indicó que el Ejecutivo esperará la nota anunciada por las autoridades judiciales y reiteró que hay voluntad de establecer un diálogo.
"El diálogo siempre será bienvenido porque es la manera de resolver los problemas", afirmó al ser consultado sobre una eventual reunión con las autoridades del sistema judicial. Sin embargo, insistió en que el anuncio de una huelga como mecanismo de presión "no es necesario" y que las diferencias se pueden resolver "sentándose a la mesa con un plan de trabajo".
Respecto al reclamo de un aumento presupuestario, Gálvez reconoció que Bolivia atraviesa una crisis económica y afirmó que el Gobierno mantiene una política de contención del gasto público.
"Necesitamos recortar el gasto público, pero eso no inhibe la necesidad de abordar aquellas cosas que son relevantes", afirmó.
El portavoz sostuvo que, más allá del debate sobre los recursos económicos, la prioridad debe ser una reforma estructural del sistema judicial.
"El eje organizador de la discusión cuando hablamos de justicia debe ser la reforma de la justicia", afirmó, al considerar que el uso de los recursos públicos debe estar encaminado a resolver los problemas de fondo del sistema.
Lara llama al diálogo
Tras la amenaza de los jueces, el vicepresidente Edmand Lara llamó a las autoridades judiciales a dialogar con los grupos legislativos para el jueves.
A través de un comunicado, indicó que en el diálogo se discutirán los proyectos de ley enviados por las autoridades judiciales.
Los proyectos de ley se refieren al financiamiento del Poder Judicial y su modernización, además de la convocatoria de elecciones para llenar los vacíos.
Fuente: Erbol
