Juez de El Torno ordena suspender difusión de encuestas a una red televisiva vía acción popular
El Juzgado Público Mixto de El Torno ordenó la suspensión inmediata de la transmisión de encuestas o estudios de intención de voto por parte de una cadena de televisión. La medida, dictada en el marco de una acción popular, se produce pocas horas antes del debate previsto para la noche de este domingo entre los dos candidatos a la Gobernación de Santa Cruz que compiten en la segunda vuelta.
El juez Diego Campero García ordenó a la red Unitel dar cumplimiento a la medida cautelar, tras admitir la acción presentada por María Elena Aramayo Quinteros, estudiante residente en el municipio de La Guardia. La resolución prevé detener la difusión de este tipo de estudios mientras se sustancia el fondo del recurso.
Lo que llama la atención es la inusual celeridad en admitir el recurso y otorgar la medida cautelar. El memorial fue recibido a las 8:30 de la mañana del sábado 11 de abril y, pocas horas después, la medida ya había sido otorgada y con la misma celeridad se notificó al medio televisivo.
Asimismo, el tribunal notificó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, para participar en una audiencia virtual fijada para el 17 de abril. La autoridad fue advertida con posibles sanciones de multas de 30 y 100 días, incluido un proceso por desobediencia a la autoridad.
En su demanda, la demandante argumenta que existe una creciente desconfianza ciudadana hacia las encuestas electorales, debido a las discrepancias entre sus resultados y los datos finales en las urnas. Sostiene que la difusión “irresponsable o sesgada” de estos estudios puede afectar la equidad de la contienda y condicionar el voto, al influir en la percepción pública.
"Esta difusión, en este momento decisivo del proceso electoral, tiene capacidad suficiente para incidir negativamente en la formación de la voluntad popular", afirma el recurso, advirtiendo de posibles efectos como el "voto útil inducido" o la "instalación artificial de tendencias".
La demanda también cuestiona la falta de transparencia en algunos estudios, mencionando la ausencia de información clara sobre metodología, financiación o margen de error. En este sentido, advierte que esta situación podría vulnerar derechos fundamentales como el voto libre e informado, la igualdad de condiciones entre candidatos y la transparencia del proceso electoral.
Finalmente, el demandante aclara que la acción popular no busca coartar la libertad de expresión o la labor periodística, sino impedir, “bajo la apariencia de información”, que se difundan herramientas que puedan distorsionar el debate democrático en un momento clave del proceso electoral.
Fuente: Erbol
