Túpac Katari critica la asignación de más asientos de DDRR a subregistradora con procesos disciplinarios

La Comisión de Tierras y Territorio de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Tupac Katari” cuestionó la asignación de los asientos registrales de Patacamaya y Guaqui a la subregistradora de Derechos Reales (DDRR) de Achacachi, Leonor Vera C, al considerar que la funcionaria no brinda garantías de transparencia ni seguridad jurídica debido a los procesos disciplinarios que enfrenta.
El líder de esa comisión, Macario Ingali, anunció que en las próximas horas realizarán una representación ante el Consejo de la Judicatura, en Sucre, para solicitar una revisión de esa determinación. Manifestó que constituye “un peligro” ampliar las responsabilidades de un funcionario con antecedentes por presunta manipulación informática y otros delitos penales en la Fiscalía de La Paz.
La observación surge luego de que el Consejo de la Judicatura emitiera un oficio, de fecha 23 de junio de 2026, mediante el cual, mediante determinación de la Sala Plena del 17 de junio, ordenó que la subregistradora Vera atendiera los asientos registrales de Patacamaya y Guaqui de manera itinerante, sin salir de sus funciones habituales en Achacachi.
El documento le otorga todas las facultades inherentes al cargo y no establece un plazo para la celebración de esa designación, por lo que la medida permanecerá vigente hasta una nueva resolución. En fuentes de DDRR La Paz lamentaron la preferencia ya que había otros subregistradores en diversas zonas de la ciudad de La Paz.
Ingali sostuvo que este nombramiento refleja la supuesta complicidad de algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia y miembros del Consejo de la Judicatura, entre ellos Carlos Spencer, Manuel Baptista y Gabriela Araoz, quienes, afirmó, dieron su visto bueno al nombramiento pese a la acumulación de denuncias presentadas en las oficinas de Control e Inspección.
Recordó que la organización sindical ya había objetado la postulación de Vera C. durante el proceso de selección para el subsecretario de Derechos Reales de El Alto, en el que también participaron María Victoria Saa y Ramiro Blanco. Según explicó, esta protesta provocó la paralización del proceso de designación, a la espera de que el funcionario sea excluido de la terna.
Asimismo, señaló que antes del bloqueo vial, el Consejo de la Judicatura había previsto acciones directas contra el despacho del funcionario cuestionado, las cuales no llegaron a concretarse. Con el restablecimiento de la transitabilidad, anunció que la comisión regresará a Sucre para exigir el cumplimiento de esta medida preventiva y la destitución de funcionarios con procesos disciplinarios y de corrupción.
El dirigente aseguró que, en meses anteriores, la Comisión de Tierras y Territorio recibió alrededor de 150 denuncias documentadas sobre supuestas irregularidades en Derechos Reales de El Alto, entre ellos casos relacionados con el fraccionamiento de propiedades en el Parque Industrial Callutaca, además de otros hechos registrados en Sica Sica, Viacha y la ciudad de El Alto.
Lamentó que el Consejo de la Judicatura en La Paz no haya informado sobre posibles sanciones contra funcionarios investigados y anunció que insistirán ante autoridades superiores para promover una "limpieza institucional", sustentada en denuncias de presunta corrupción que, según él, siguen sin una respuesta efectiva.
Fuente: Erbol | Seguridad