Jubileo plantea avanzar en un gran acuerdo político para enfrentar la crisis económica
Bolivia requiere construir un gran acuerdo político y social que permita enfrentar la actual crisis económica y establecer una visión de país a largo plazo, afirmó Juan Carlos Núñez, director ejecutivo de Fundación Jubileo, al analizar la situación económica, los efectos de la eliminación de la subvención a los hidrocarburos y su impacto en los sectores más vulnerables de la población, en el programa radial Detrás de los Números - La mañana en Directo, que se emite por la Red ERBOL.
El director ejecutivo de Fundación Jubileo también expresó su preocupación por los efectos que generan los paros y bloqueos en la población, particularmente en los sectores de menores ingresos. En su criterio, es necesario encontrar mecanismos de diálogo y concertación que permitan resolver los conflictos y evitar que sus consecuencias recaigan principalmente sobre quienes tienen menores posibilidades de enfrentar el incremento de los costos, principalmente de la canasta familiar y las restricciones a la actividad económica que generan este tipo de movilizaciones corporativas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2025, el 44,7% de la población boliviana –equivalente a 5,4 millones de personas- se encontraba en situación de pobreza. De este total, 16,7% de la población –aproximadamente 2 millones de personas- vivía en pobreza extrema.
Frente a esta realidad, Núñez planteó la necesidad de que las medidas económicas y sociales prioricen a los sectores más vulnerables y que la clase política principalmente y la sociedad en general asuman la crisis desde una perspectiva de corresponsabilidad. En este sentido, destacó la importancia de avanzar hacia un pacto social que permita recuperar la capacidad de mirar al otro y comprender que las decisiones adoptadas tienen efectos diferenciados sobre la población.
Otro de los aspectos abordados está relacionado con el gasto de los hogares en combustibles, se concentra principalmente en los sectores de mayores ingresos: el 10% más rico concentra el 30% de este gasto, frente a 5% del 10% más pobre, debido a una mayor tenencia de vehículos. En contraste, los servicios de transporte representan una mayor proporción del ingreso de los hogares de menores recursos: 6,5%, frente a 1,5% en el segmento de mayores ingresos.
Esta diferencia muestra que, aunque la subvención beneficiaba en mayor medida a quienes tienen mayor capacidad de gasto, su retiro puede generar impactos más significativos en los hogares de menores ingresos a través del transporte y los alimentos.
Asimismo, planteó que el país debe generar condiciones para una mayor participación de la inversión privada, ante las restricciones fiscales y la limitada disponibilidad de recursos públicos. En paralelo, consideró fundamental recuperar la producción nacional y fortalecer las capacidades productivas del país.
La recuperación del capital humano constituye también un componente central de esta estrategia. Para Núñez, Bolivia necesita valorar y recuperar las capacidades de su población y generar condiciones para que ese conocimiento contribuya al desarrollo nacional.
En esta perspectiva, consideró necesario superar las respuestas simplificadas frente a problemas que tienen múltiples dimensiones. La situación económica, social y demográfica del país requiere una mirada de largo plazo y decisiones sustentadas en una visión integral del desarrollo.
Núñez también remarcó la importancia de construir una visión de país que trascienda a los gobiernos de turno. Señaló que cada administración puede desarrollar sus propias políticas, pero que los principales objetivos nacionales deberían responder a acuerdos de largo plazo y no modificarse con cada cambio de gobierno.
Esta visión debe incorporar, además, la responsabilidad con las futuras generaciones. En ese sentido, planteó la necesidad de que las autoridades y actores políticos rindan cuentas sobre las decisiones adoptadas y sobre las condiciones económicas, sociales e institucionales que dejan para el futuro del país.
En materia de financiamiento, señaló que el debate no debería concentrarse únicamente en el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino considerar también otras instituciones y organismos que pueden contribuir a enfrentar la difícil situación económica. Para ello, remarcó la importancia de garantizar transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de seguimiento sobre el uso de los recursos.
La agenda de análisis también contempla las medidas de alivio social implementadas por el Estado, entre ellas el incremento de algunos bonos y la creación del Bono Pepe II, por un total de Bs 750, que será pagado en tres cuotas hasta abril de 2027. Estos mecanismos de alivio forman parte de una respuesta inmediata, pero el debate plantea la necesidad de complementarlos con medidas estructurales que permitan atender las causas de la vulnerabilidad económica y social.
El desafío, por tanto, no se limita a enfrentar la coyuntura actual, sino a generar las condiciones para que Bolivia pueda construir acuerdos de largo plazo y orientar sus decisiones presentes hacia un desarrollo sostenible y con oportunidades para las futuras generaciones.
Con información de la Fundación Jubileo
Fuente: Erbol
