Los magistrados ‘autoprorrogados’ deciden irse del cargo tras prolongada polémica
Luego de casi dos años de polémica, los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) anunciaron este martes su decisión de cesar en sus funciones, tras extender su mandato más allá del plazo legal previsto.
La decisión se toma mediante auto TCP 0087/2025-0, en momentos en que se han abierto varios procesos contra las “autoprórrogas” tanto en el fuero penal como constitucional.
El fallo pone fin a la prórroga que mantuvo en el cargo a los magistrados del TCP: Gonzalo Zamorano, Yván Espada, Isidora Jiménez, Julia Cornejo y Karem Gallardo.
Asimismo, cesan en sus cargos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torrez y Carlos Alberto Egüez, quienes también fueron beneficiados con la prórroga.
Estos magistrados inicialmente debían concluir su mandato en diciembre de 2023, pero se mantuvieron en sus cargos mediante una autoprórroga aprobada por la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, que generó cuestionamientos de actores políticos e institucionales.
Asimismo, los mismos magistrados emitieron fallos para impedir las elecciones judiciales de 2024 en cinco departamentos para el TCP y dos para el TSJ.
Ahora, la decisión de cesar en sus funciones se produce mientras en distintas jurisdicciones se han establecido procesos contra las autoprorrogas, lo que los expuso a sanciones penales y administrativas, incluida la devolución de recursos.
La orden constitucional 0087/2025-0 dispone que el cese de sus funciones deberá producirse dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación, y ordena que todos los actos y decisiones adoptados por estos magistrados durante el período ampliado queden firmes, a fin de garantizar la estabilidad jurídica.
Defienden sus acciones
En su fallo, los magistrados defienden su decisión inicial de prórroga al señalar que fue “ajustada a la Constitución” y que gracias a ella el TCP revocó una decisión de sus antecesores que, según ellos, promovía la reelección indefinida como un derecho humano.
Añaden que esta acción les permitió resistir “intereses personales de poder” y preservar la independencia de los poderes del Estado, considerada por ellos “central para garantizar la vida democrática del país”.
“Nunca entregamos el poder constitucional al sistema político”, afirman, al mismo tiempo que contribuyeron a asegurar la celebración de las elecciones nacionales previstas para 2025.
Fuente: Erbol
