Santa Cruz: Juez emite orden de desapoderamiento para que la Policía desaloje predio avasallado
El 22 de abril, un juez penal de la ciudad de Santa Cruz dictó una tercera orden de despojo para que la Policía Boliviana proceda al desalojo de un inmueble que se encuentra bajo control desde hace 25 años, a favor de la señora Teresa Triviño Bazán.
El decreto fue firmado por la jueza de Tercera Sentencia Penal Anticorrupción de Santa Cruz, Gabriela Cuéllar Velasco, y establece un plazo de cinco días hábiles, que corre a partir de la notificación judicial realizada el 6 de mayo de 2026 al principal imputado del sometimiento, Félix José Moreno Antelo, identificado como presunto “palo blanco” en la ocupación del inmueble.
El plazo vence este miércoles, fecha en la que la Policía Boliviana deberá proceder a desalojar el inmueble, ubicado en la zona norte del municipio de Santa Cruz de la Sierra, con una superficie de 49.049,53 metros cuadrados, según el peritaje aprobado judicialmente.
Según el abogado del afectado, Ramiro Aguilera, las instrucciones judiciales establecen que el operativo de desalojo debe realizarse con el apoyo de la Policía boliviana. El jurista expresó su confianza en que esta vez la orden será cumplida, por tratarse -según afirmó- de un proceso ejecutorio con calidad de cosa juzgada.
Aguilera recordó que el conflicto se originó en un proceso penal por despojo, dentro del cual se dictó condena contra Moreno Antelo, tras una denuncia interpuesta por Luis Alberto Justiniano Hurtado en nombre de Teresa Triviño Bazán. Un Juzgado Penal confirmó la condena el 24 de octubre de 2017.
El abogado también señaló que durante años la Policía boliviana no había cumplido órdenes de despojo anteriores, situación que estaría vinculada a un presunto conflicto de intereses. Agregó que, según los antecedentes del caso, los documentos presentados por la institución policial habrían sido cuestionados dentro del proceso.
Asimismo, indicó que el derecho de propiedad del denunciante se consolidaría plenamente a través de tres resoluciones judiciales previas, entre ellas una sentencia civil de medición y deslinde, una sentencia penal ejecutoriada y una resolución de la sala civil de la Corte Departamental de Justicia de Santa Cruz.
El caso también fue puesto en conocimiento del Viceministerio del Interior y Policía del Ministerio de Gobierno, organismo que -según el denunciante- ya habría tenido conocimiento desde el gobierno de Evo Morales, Luis Arce y ahora Rodrigo Paz.
El abogado Aguilera señaló que incluso se realizaron reuniones de coordinación con policías y autoridades del Ejecutivo en 2025 para llevar a cabo el operativo. En aquella ocasión, la Policía de Santa Cruz se comprometió a abandonar el inmueble, pero posteriormente el representante de la institución policial promovió incidentes legales reclamando derechos de terceros, situación que ha vuelto a retrasar el cumplimiento de la orden.
El afectado espera que tanto el Ministerio de Gobierno como la Policía de Bolivia finalmente ejecuten el fallo judicial en el plazo establecido y se haga justicia a favor de un mayor de 72 años, quien ha soportado casi 25 años de litigio en tribunales de Santa Cruz.
Fuente: Erbol | Seguridad
