YPFB: Identifican delitos penales en la cadena de distribución y comercialización de combustibles
El primer informe sobre la situación de Yacimientos Petrolófilos Fiscales Bolivianos (YPFB) identificó más de 70 casos que podrían derivar en procesos penales por presuntas irregularidades en la distribución y comercialización de combustibles, registradas principalmente durante la administración 2024, informó el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica e Integridad Pública, Yamil García.
La investigación de la Comisión Interministerial e Interinstitucional detectó al menos seis tipos de irregularidades, entre ellas despachos realizados antes de la emisión de la factura, asignaciones de combustible por encima de los límites establecidos, programación discrecional de retiros, favores y presuntos desvíos de combustible.
Entre los hallazgos, García reportó más de 30 envíos realizados antes de que se emitiera la factura, pese a que el procedimiento establece que primero se debe realizar el pago y la facturación, para posteriormente generar la orden de envío y la asignación correspondiente.
También se identificaron clientes directos que habrían recibido cuotas superiores al 199% del límite permitido, además de más de 40 casos en los que retiros programados para varios días se concentraron en un solo día, lo que, según la autoridad, muestra posibles criterios discrecionales en la programación.
El informe también estableció la existencia de estaciones de servicio que fueron favorecidas discrecionalmente y de funcionarios que presuntamente posibilitaron el desvío de combustible.
Con base en estos hallazgos, García señaló que se podrían investigar delitos como cohecho pasivo, uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles, concusión y almacenamiento, comercialización y compra ilegal de combustibles.
“No se ha generado un sistema digital de trazabilidad que pueda poner fin a la corrupción en este caso”, cuestionó la viceministra durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de YPFB en Santa Cruz.
Según García, una de las principales vulnerabilidades encontradas fue la ausencia de mecanismos de control totalmente rastreables. Las conciliaciones de despacho se realizaron mediante tablas de Excel y el sistema permitió modificaciones posteriores y retroactivas por parte de diferentes usuarios.
La autoridad también observó que durante los últimos cinco años se destinaron más de Bs 400 millones a infraestructura tecnológica, pero sin, según su evaluación, un sistema integral que permitiera seguir con seguridad el movimiento del combustible desde su distribución hasta su comercialización.
García aclaró que las investigaciones no se limitarán a funcionarios o personas que actualmente ocupan determinados cargos. Debido a que las irregularidades se concentran principalmente en hechos registrados durante 2024, también podrían alcanzar a quienes habían generado las condiciones para su comisión en administraciones anteriores.
Ante las observaciones, la Comisión Extraordinaria de Intervención Estatal trabaja en conjunto con YPFB, el Ministerio de Hidrocarburos y otras entidades, incluida AGETIC, en la implementación de un sistema de trazabilidad digital en tiempo real para toda la cadena de distribución.
El proyecto también incluye un portal público de transparencia que permitirá consultar desde un dispositivo móvil información sobre el volumen de combustible que ingresa al país, los envíos realizados, sus destinatarios y los movimientos registrados, con el propósito de reducir la discrecionalidad y cerrar espacios para posibles actos de corrupción.
Fuente: Erbol
