Afirman que ampliación del estado de excepción postergó reformas constitucionales
El diputado Carlos Alarcón y el secretario general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Luis Alberto Ruiz, coincidieron en señalar que la ampliación del Estado de Excepción por 90 días modificó los tiempos para una urgente reforma parcial de la Constitución Política del Estado.
Alarcón y Ruiz participaron en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, donde expusieron sus propuestas. Ambos coincidieron en la necesidad de modificar el texto constitucional, aunque plantearon diferentes alcances y prioridades.
Ruiz defiende una reforma profunda y cuestiona los cambios que considera simples “maquillajes”. Entre sus propuestas están la modificación del sistema de elección de las altas autoridades judiciales, el endurecimiento del régimen penal, la garantía de la propiedad privada rural, cambios en el modelo de aprovechamiento de los recursos naturales y mayores condiciones de seguridad jurídica para la inversión.
También plantea una nueva matriz energética, cambios en las disposiciones relacionadas con hidrocarburos y una mayor profundización de las autonomías, con más competencias para los gobiernos departamentales en áreas como salud, educación y seguridad.
En materia judicial, Ruiz propone que las altas autoridades sean elegidas por el Congreso y bajo criterios de mérito, capacidad e idoneidad, en lugar del actual sistema de elección mediante voto popular.
En el ámbito penal, plantea eliminar el límite de 30 años de prisión y establecer un régimen de penas acumulativas para delitos graves.
Respecto a la propiedad rural, propone garantizar plenamente el derecho a la propiedad privada y cuestiona que la tierra pueda quedar sometida a reversión por incumplimiento de la Función Económica Social.
También plantea modificar la relación entre el Estado y los privados en la explotación de los recursos naturales, con el objetivo de generar mayores condiciones para la inversión y seguridad jurídica.
Ruiz sostiene que la actual Constitución “ha cumplido un ciclo” y plantea una reforma parcial que permita abordar problemas estructurales. No propone una Asamblea Constituyente como vía inmediata y considera insuficientes los cambios que se limiten a modificar aspectos secundarios de la Carta Magna.
Alarcón plantea priorizar economía y justicia
Por su parte, Alarcón sostiene que la reforma debe comenzar por “lo urgente” y no intentar modificar toda la Constitución de una sola vez.
Su propuesta presentada ante el Senado contempla una primera etapa concentrada en dos áreas: economía y justicia. El proyecto consta de cuatro artículos, dos principales y dos complementarios, y fue remitido a la Comisión de Constitución del Senado para su tratamiento.
En materia económica, el diputado plantea eliminar los denominados “candados económicos” de la Constitución, que considera una limitación para atraer inversiones y reactivar sectores estratégicos.
Según Alarcón, la reforma debería permitir generar nuevas inversiones en hidrocarburos, explorar nuevos reservorios de gas y petróleo y enfrentar el riesgo de un colapso energético.
Su argumento es que las leyes sectoriales que se aprueben sin modificar previamente esas disposiciones constitucionales podrían convertirse en medidas parciales o “parches”.
La segunda prioridad está relacionada con el modelo judicial, particularmente con el funcionamiento y las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Alarcón cuestiona lo que considera una concentración excesiva de poder en el Tribunal Constitucional y plantea corregir las disposiciones que, a su juicio, permitieron que interfiera en competencias de otros órganos del Estado.
El diputado también dejó abierta la posibilidad de incorporar una reforma autonómica, aunque condicionada a que los gobernadores consideren necesaria su inclusión porque se tratarán las competencias exclusivas, compartidas y concurrentes para profundizar el proceso autonómico y otorgar mayores atribuciones a los departamentos.
Alarcón explicó que inicialmente se esperaba que la ley de reforma pudiera ser sancionada hasta fines de noviembre y que el referéndum se realizara hacia fines de marzo.
Sin embargo, sostiene que la ampliación del Estado de Excepción desplazó ese cronograma y llevaría la sanción de la ley hasta enero del próximo año.
Según su cálculo, una nueva ampliación del Estado de Excepción podría prolongar todavía más el proceso y trasladar el referéndum hasta 2027. Por ello, considera que la reforma constitucional está siendo postergada.
El procedimiento previsto contempla primero la búsqueda de acuerdos en el Senado, posteriormente el tratamiento en Diputados y, si ambas cámaras coinciden, la aprobación del texto de reforma por dos tercios en una sesión conjunta. Finalmente, el proyecto debería ser sometido a referéndum.
Alarcón sostiene que existen otras reformas importantes que deberían ser discutidas, pero considera que no corresponde abordarlas todas en esta primera etapa. Entre ellas menciona, para una segunda fase, la posibilidad de debatir un cambio del actual sistema presidencialista hacia un sistema parlamentario.
Fuente: Erbol
