Cuatro juristas cuestionan el Alto Comisionado de Paz y advierten falta de sustento, duplicidad y riesgo de más burocracia
Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
La creación del Alto Comisionado para la Integridad Institucional y la Justicia, anunciada por el presidente Rodrigo Paz durante su discurso por los 201 años de la Independencia de Bolivia, genera cuestionamientos entre cuatro abogados que coinciden en que la reforma judicial es necesaria, pero ponen en duda que una nueva autoridad sea la respuesta.
Las principales observaciones apuntan a la falta de una definición legal de la figura, la posible duplicidad de funciones con instituciones existentes y la necesidad de fortalecer estructuras que ya forman parte del Estado, en lugar de crear nuevas instancias.
El expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Arturo Yáñez; la exsenadora y expresidenta del Tribunal Constitucional, Silvia Salame; la abogada Kathia Saucedo, impulsora de la propuesta de reforma constitucional de los Juristas Independientes; y el expresidente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Jaime Hurtado, plantearon cuestionamientos a la propuesta presidencial desde distintos ángulos.
Paz anunció que el Alto Comisionado pondrá énfasis en la transparencia, la institucionalidad y la justicia, y adelantó que la designación de la nueva autoridad se concretará en los siguientes días.
UNA FIGURA QUE NO ESTÁ EN EL ORDENAMIENTO BOLIVIANO
Salame y Hurtado coinciden en una de las principales observaciones: el Alto Comisionado no forma parte de la estructura institucional boliviana en los términos planteados por el Gobierno.
Salame sostuvo que en el ordenamiento jurídico nacional “no existe” la figura del Alto Comisionado y señaló que, si se pretende otorgarle funciones específicas para reestructurar el sistema judicial, su creación debería estar respaldada por una ley.
Hurtado también señaló que el término tiene inspiración en el sistema de Naciones Unidas y que Bolivia no incorporó esta figura ni en la Constitución ni en sus leyes fundamentales. Por ello, considera necesario conocer la norma que establecerá su estructura y atribuciones.
Para Hurtado, además, el concepto internacional de Alto Comisionado está relacionado con la defensa y protección de derechos, más que con el ejercicio de funciones jurisdiccionales.
LOS CUATRO VEN EL RIESGO DE DUPLICAR FUNCIONES
La posible duplicidad institucional es otro punto de coincidencia entre los juristas.
Hurtado advirtió que la nueva autoridad podría superponerse con la Defensoría del Pueblo, institución que ya tiene entre sus funciones la protección de los derechos humanos. También recordó la existencia del Defensor del Litigante, previsto en la Ley 025 del Órgano Judicial, pero que nunca fue activado.
Salame plantea una alternativa distinta: considera necesario recuperar el Ministerio de Justicia, al que atribuye un papel de articulación entre el Órgano Ejecutivo y el sistema judicial.
Saucedo coincide en que debe aclararse la estructura institucional y pregunta qué ocurrirá con el actual Viceministerio de Justicia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, si simultáneamente funcionará un Alto Comisionado con responsabilidades en materia de justicia.
“Me parece que no es prudente establecer dualidades de funciones”, sostuvo Saucedo, y pidió al Ejecutivo definir con claridad qué pretende hacer en el ámbito de la justicia.
¿UN MINISTERIO DE JUSTICIA CON OTRO NOMBRE?
Saucedo considera que varias de las tareas anunciadas para el Alto Comisionado podrían haber sido asumidas por un Ministerio de Justicia, cuya eliminación ya había cuestionado anteriormente.
A su juicio, la creación de una nueva institucionalidad para abordar competencias que podría asumir una cartera ministerial genera dudas sobre el diseño del Ejecutivo.
La abogada también advirtió que cualquier delegación de funciones debe respetar las competencias de los otros órganos del Estado. El Alto Comisionado, dijo, no puede interferir en las atribuciones legislativas de la Asamblea ni en las funciones jurisdiccionales propias del Órgano Judicial.
“Habrá que esperar el diseño competencial que haga el Órgano Ejecutivo”, señaló Saucedo, antes de determinar el alcance real de la nueva autoridad.
YÁÑEZ: “¿PARA QUÉ ESTÁ LA FISCALÍA?”
Yáñez lleva el cuestionamiento hacia el funcionamiento de las instituciones existentes. Considera que la creación de un Alto Comisionado para temas de justicia y corrupción evidencia problemas de institucionalidad.
Su pregunta central es por qué sería necesario crear una nueva autoridad para combatir la corrupción cuando ya existen instituciones como la Fiscalía, el Órgano Judicial y la Contraloría, que tienen competencias vinculadas con esa tarea.
Para el presidente del Colegio Nacional de Abogados, el problema no radica necesariamente en la ausencia de instituciones, sino en que las existentes no cumplen de manera efectiva las funciones para las que fueron creadas.
También considera que la desaparición del Ministerio de Justicia fue un error y que esa cartera debería encargarse de impulsar la reforma judicial, en coordinación con los otros órganos del Estado.
SALAME: LA REFORMA NO PUEDE IMPONERSE DESDE EL EJECUTIVO
Salame introduce otro elemento en el debate: quién debe conducir la transformación del sistema judicial.
La expresidenta del Tribunal Constitucional sostiene que la reestructuración no puede ser diseñada unilateralmente por el Órgano Ejecutivo, sino que debe surgir de las propias instituciones que forman parte del sistema judicial.
Plantea que los actores directos de la justicia analicen los problemas comunes y particulares de cada institución y determinen cuáles pueden resolverse de manera inmediata.
También identifica como asuntos centrales la independencia económica y política del Órgano Judicial, la lucha contra la corrupción, la especialización y la formación de jueces, fiscales, policías y abogados.
MÁS QUE UNA NUEVA AUTORIDAD, FORTALECER LAS EXISTENTES
Aunque sus argumentos son diferentes, los cuatro abogados convergen en una crítica: el anuncio presidencial todavía no responde con claridad qué problema institucional resolverá el Alto Comisionado que no pueda ser atendido por las estructuras existentes.
Hurtado alerta sobre una posible duplicación con la Defensoría del Pueblo y recuerda que el Defensor del Litigante continúa sin activarse; Salame cuestiona la falta de sustento legal y propone recuperar el Ministerio de Justicia; Saucedo pide delimitar las competencias para evitar una dualidad dentro del Ejecutivo; y Yáñez cuestiona que se cree otra autoridad mientras las instituciones existentes no cumplen plenamente sus funciones.
El debate, por tanto, no se centra en si Bolivia necesita una reforma judicial. Los cuatro juristas coinciden en que es necesaria. La discusión está en cómo hacerla, quién debe conducirla y si para ello hace falta crear una nueva estructura estatal.
El Gobierno deberá definir ahora la base jurídica, las atribuciones y la relación del Alto Comisionado con el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Órgano Judicial y las demás instituciones vinculadas con la justicia.
Mientras esos aspectos no sean precisados, la propuesta presidencial permanece como una nueva figura institucional cuyo alcance y competencias todavía generan dudas entre especialistas.
Fuente: Erbol
