Defensa de Luis Arce analiza llevar el caso ante la CIDH tras ampliación de cinco meses de encarcelamiento
La defensa jurídica del expresidente Luis Arce Catacora analiza acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la decisión judicial que extendió por cinco meses más su prisión preventiva en el proceso relacionado con el presunto desfalco al ex Fondo de Desarrollo Campesino Originario Indígena (Fondioc), caso en el que es investigado por hechos ocurridos cuando se desempeñaba como Ministro de Economía.
El abogado defensor, Fernando Rivadeneira, informó que la prórroga de la medida cautelar fue ratificada mediante resolución emitida en apelación por la Segunda Sala Penal de la Corte Departamental de Justicia, que confirmó la determinación previamente realizada por la autoridad jurisdiccional.
Rivadeneira señaló que el fallo representa un resultado “descorazonador” para la defensa, porque, a su juicio, afecta el principio de presunción de inocencia. Asimismo, sostuvo que la decisión judicial evidencia una supuesta instrumentalización de la justicia.
El jurista indicó que la defensa no descarta acudir a instancias internacionales una vez agotados los recursos previstos en la justicia boliviana. En ese sentido, mencionó la posibilidad de recurrir ante la CIDH una vez concluidas las acciones correspondientes en la jurisdicción constitucional respecto de la resolución emitida por la Segunda Sala Penal.
Según Rivadeneira, el fundamento de la resolución sustenta los argumentos planteados por el Ministerio Público, que solicitó la prórroga de la prisión preventiva luego de que Arce permaneciera privado de libertad desde el 19 de diciembre de 2025. Manifestó que la Fiscalía justificó la medida en la necesidad de realizar diligencias investigativas que aún estarían pendientes.
El abogado sostuvo que el Ministerio Público no demostró cómo el expresidente podría influir negativamente en estas diligencias, al considerar que permanece bajo prisión preventiva desde hace varios meses.
Finalmente, calificó de desproporcionada la prórroga de la medida cautelar y cuestionó la actuación de la Fiscalía, institución a la que se refirió como un “apéndice del Gobierno”, al considerar que existe injerencia del Órgano Ejecutivo en el desarrollo del proceso.
Fuente: Erbol | Seguridad
