Defensoría dice que es inadmisible la agresión y quema de una patrulla policial en El Alto
La Defensoría del Pueblo calificó de inadmisibles las agresiones contra dos policías y la quema de una patrulla durante un operativo de asistencia a una mujer víctima de violencia en la zona de San Felipe de Seke de la ciudad de El Alto.
A través de un comunicado oficial, la institución expresó su profunda preocupación por estos hechos, que también derivaron en la destrucción de bienes destinados a la protección y protección de la población.
De acuerdo con la información recabada por la Unidad de Coordinación Regional de El Alto, los efectivos se encontraban atendiendo un caso de violencia cuando fueron interceptados, impidiendo el desarrollo de una acción encaminada a garantizar la seguridad e integridad de una persona que requería atención inmediata.
La Defensoría del Pueblo recordó que la atención a las víctimas y la activación de mecanismos de protección constituyen obligaciones fundamentales del Estado y garantías esenciales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos.
En consecuencia, señaló que es inadmisible que, en contextos de conflictividad social, se obstaculicen las intervenciones encaminadas a proteger la vida, la integridad y la seguridad de las personas en situación de vulnerabilidad.
En el marco de sus competencias constitucionales, la institución de defensa realizó verificaciones en las oficinas de la Fuerza Especial Anticrimen (FELCC) de Satélite, donde verificó la situación de una persona aprehendida con relación a estos hechos y gestionó la intervención del Servicio Público Plurinacional de la Defensa Pública (SEPDEP), a fin de garantizar el debido proceso, el acceso a la defensa técnica y el respeto a sus derechos fundamentales.
Asimismo, personal de la defensa constató la situación de los agentes heridos, quienes denunciaron haber sido agredidos mientras cumplían funciones relacionadas con la atención de un caso de violencia.
Según su relato, también fueron despojados de sus pertenencias, entre ellas una computadora portátil que contenía información relacionada con casos que lleva la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).
La Defensoría del Pueblo enfatizó que ninguna medida de presión, movilización o conflicto social puede justificar agresiones físicas, daños a la propiedad pública o acciones que restrinjan el acceso de la población a servicios esenciales.
Expresó su especial preocupación por los hechos que afectan la atención a las mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y otros grupos que requieren especial protección.
La institución de defensa instó a todos los actores involucrados en las movilizaciones a actuar con responsabilidad y respeto a los derechos humanos, garantizando la integridad de las personas y el funcionamiento de los servicios destinados a la protección de la población.
Fuente: Erbol | Seguridad
