300 municipios de Bolivia siguen arrojando sus residuos en botaderos ilegales
Iván Ramos - Periodismo que Cuenta
Cada mañana, millones de bolivianos sacan la bolsa de basura de sus casas convencidos de que el problema termina cuando pasa el camión recolector. Pero, en realidad, allí recién comienza una historia que pocas veces se ve y que expone una de las mayores deudas ambientales del país.
La pregunta parece sencilla: ¿a dónde va a parar la basura de tu ciudad? La respuesta puede explicar buena parte de la contaminación del agua, del suelo y del aire en Bolivia.
En el país, 300 de los 343 municipios continúan depositando sus residuos en botaderos ilegales, mientras apenas 43 cuentan con rellenos sanitarios. Los datos corresponden al Diagnóstico Nacional de la Gestión Integral de Residuos Sólidos (2025) y al Inventario Nacional de Botaderos, elaborados por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Lo más preocupante es que el plazo legal para cerrar esos botaderos ya venció y, aun así, la realidad cambió muy poco.
UNA LEY CON FECHA LÍMITE... QUE NO SE CUMPLIÓ
La Ley 755 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, vigente desde 2015, otorgó diez años a los gobiernos municipales para cerrar todos los botaderos existentes, remediar los daños ambientales provocados durante décadas e implementar rellenos sanitarios que cumplieran las normas técnicas. La intención era dejar atrás una práctica que genera contaminación y avanzar hacia una gestión moderna de los residuos.
Para la ingeniera medioambiental Apolonia Rodríguez, la norma no deja margen para interpretaciones. Recuerda que la ley estableció expresamente la obligación de cerrar todos los botaderos municipales en el plazo de diez años desde su promulgación. Ese plazo concluyó el 17 de mayo de 2026. En teoría, desde esa fecha los municipios debían haber dejado atrás los botaderos a cielo abierto; en la práctica, la mayoría continúa utilizándolos.
NO ES UN RELLENO SANITARIO... ES UN BOTADERO
Aunque muchas veces ambos términos se utilizan como sinónimos, técnicamente representan realidades completamente distintas. El ingeniero medioambiental Paul Alexis Montellano explica que un botadero es simplemente un lugar donde se descarga la basura sin ningún tipo de control ambiental, muchas veces en quebradas o terrenos abiertos, permitiendo que los residuos queden expuestos al viento, a los animales y a la lluvia.
Cuando llueve, el agua atraviesa los residuos y genera los llamados lixiviados, conocidos popularmente como el "jugo de la basura". Estos líquidos pueden infiltrarse en el suelo y alcanzar ríos, quebradas y aguas subterráneas, transportando sustancias altamente contaminantes. A ello se suma la proliferación de insectos, aves y animales, además de la emisión permanente de malos olores y gases.
En contraste, un relleno sanitario es una infraestructura diseñada bajo criterios de ingeniería ambiental. La basura se deposita en celdas impermeabilizadas con geomembranas, se compacta diariamente y se cubre con tierra. Además, cuenta con sistemas para captar el biogás, controlar los lixiviados y monitorear la calidad de las aguas subterráneas, reduciendo significativamente el impacto ambiental.
UNA CONTAMINACIÓN QUE NO SIEMPRE SE VE
Apolonia Rodríguez advierte que uno de los mayores peligros de los botaderos es precisamente aquello que permanece oculto. Los lixiviados pueden recorrer grandes distancias bajo tierra antes de alcanzar una fuente de agua utilizada por una comunidad. Cuando eso ocurre, la contaminación deja de ser únicamente ambiental y se convierte también en un problema de salud pública.
La especialista agrega que la descomposición de los residuos produce biogás, compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono, dos gases que contribuyen al calentamiento global. Por ello, la Ley 755 también obliga a remediar ambientalmente los antiguos botaderos una vez cerrados, restaurando los suelos y reduciendo los impactos acumulados durante años.
LA DEUDA DE LOS MUNICIPIOS
La Ley 755 no solo ordenó cerrar botaderos. También estableció que los gobiernos municipales debían identificar sitios técnicamente aptos para construir rellenos sanitarios, cumplir la Norma Boliviana 757 para su ubicación y la Norma Boliviana 760 para su diseño, construcción, operación, monitoreo y cierre.
Rodríguez considera que muchos municipios siguen enfrentando este desafío sin planificación técnica suficiente. A ello se suma otro problema estructural: la escasez de profesionales especializados en gestión integral de residuos sólidos y la limitada asignación de recursos económicos para desarrollar infraestructura ambiental.
EL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL TAMBIÉN PUSO UN LÍMITE
El incumplimiento de la Ley 755 no solo preocupa a especialistas en gestión ambiental. El Tribunal Agroambiental recordó que los botaderos municipales a cielo abierto no pueden operar de manera indefinida y que los gobiernos autónomos municipales tienen la obligación de implementar una gestión integral de residuos y avanzar hacia el cierre técnico de estos sitios.
El máximo tribunal de la jurisdicción agroambiental señaló que el propósito de estas medidas es proteger el derecho de la población a un medio ambiente sano, sin generar al mismo tiempo una crisis sanitaria por la suspensión del servicio de recolección de residuos.
Sin embargo, el 17 de mayo de 2026, fecha en la que venció el plazo previsto para adecuar los sistemas de disposición final, encontró a la gran mayoría de los municipios sin haber cumplido esa obligación.
Las cifras oficiales reflejan esa realidad: 300 municipios continúan utilizando botaderos como destino final de sus residuos, pese a que la legislación boliviana estableció hace una década la ruta para reemplazarlos por rellenos sanitarios.
¿Y SI LA BASURA FUERA UNA OPORTUNIDAD?
Los especialistas en gestión ambiental coinciden en que Bolivia continúa enfocándose únicamente en enterrar residuos, cuando el verdadero desafío es aprovecharlos. Para Rodríguez, el cambio comienza en los hogares, con la separación de la basura en el momento en que se genera.
En Bolivia, aproximadamente el 52% de los residuos son orgánicos y el 48% corresponde a materiales secos, como plásticos, papel, vidrio, textiles y metales. Separarlos permitiría impulsar programas de reciclaje, reutilización y economía circular. Los residuos orgánicos podrían transformarse en biogás y compost, mientras que los secos podrían destinarse al reciclaje o incluso al coprocesamiento energético bajo estrictos controles ambientales.
LA BASURA, EL ESPEJO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
La basura parece desaparecer cuando el camión municipal se la lleva. En realidad, solo cambia de lugar. Detrás de cada bolsa existen decisiones políticas, planificación técnica, inversiones públicas y responsabilidades legales que terminan definiendo el destino de los residuos y también la calidad del ambiente.
Mientras 300 municipios continúen utilizando botaderos a cielo abierto pese al vencimiento del plazo establecido por la Ley 755, la gestión integral de residuos seguirá siendo una de las mayores asignaturas pendientes del país. Porque la basura nunca desaparece: simplemente termina donde las autoridades deciden llevarla. Y ese destino, tarde o temprano, regresa convertido en contaminación, riesgos para la salud y una factura ambiental que Bolivia ya comenzó a pagar.
Fuente: Erbol
