Defensor lamenta que la Asamblea apruebe sin debate ley de conversión de la pequeña a mediana propiedad
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, cuestionó la aprobación del proyecto de ley PL 157/2023-2024 sobre conversión de pequeña propiedad agrícola en mediana propiedad y/o empresa agrícola, al considerar que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) omitió un debate amplio y de base técnica antes de su sanción.
La norma fue aprobada la semana pasada con dispensa de trámite y votación urgente, a pedido del líder de la alianza Libre, Rafael López, lo que permitió su rápida validación en Diputados tras su previo paso por el Senado. Este procedimiento fue observado por la Defensoría del Pueblo, que días antes -el 12 de marzo- había enviado un oficio instando a la apertura de un proceso deliberativo con la participación de actores sociales y evaluación técnica.
Para Callisaya, esta es una ley que afecta directamente al modelo agrario del país, por lo que su tratamiento no debió limitarse a un trámite formal. “Debe basarse en criterios técnicos, diálogo social y evaluación integral de impacto”, subrayó.
El análisis técnico del Defensor del Pueblo identificó varios riesgos asociados con la conversión de pequeñas propiedades. Entre ellos, la posible modificación de su régimen jurídico y la eventual pérdida de su condición de patrimonio familiar inembargable, figura clave que protege a las familias rurales frente a deudas o procesos judiciales.
A estas observaciones se suman otras preocupaciones subyacentes. La conversión a mediana propiedad podría empujar a los pequeños productores a integrarse en lógicas de mercado más exigentes, sin garantías de competitividad ni de acceso a una financiación adecuada, lo que aumenta el riesgo de endeudamiento o incluso de pérdida de sus tierras.
Asimismo, los especialistas advierten que este cambio podría favorecer procesos de concentración de la tierra, debilitando el modelo de agricultura familiar que sustenta gran parte de la producción nacional de alimentos.
Otro punto crítico es la Función Económica Social (FES), requisito que requiere demostrar el uso productivo de la tierra. Bajo esquemas de propiedad mediana o de negocios agrícolas, el cumplimiento podría ser más estricto, generando una mayor presión sobre los productores que no tienen suficientes recursos técnicos o económicos para sostener altos niveles de productividad.
Además, organizaciones rurales han señalado que una medida de este tipo, sin consulta previa ni socialización adecuada, podría generar conflictos sociales, al alterar las condiciones históricas de propiedad de la tierra y los mecanismos de protección de los sectores campesinos.
En este contexto, el Defensor del Pueblo insistió en que la deliberación pública y participativa es un pilar de la democracia, y llamó al Poder Ejecutivo a abrir espacios de diálogo amplios, inclusivos y con base técnica. El objetivo, dijo, debe ser prevenir tensiones sociales y construir consensos sobre una cuestión estructural para el desarrollo rural del país.
Fuente: Erbol
