Fundación Milenio presenta propuestas para blindar al Estado del crimen organizado
La Fundación Milenio alertó sobre la vulnerabilidad de Bolivia al crimen organizado y la captura institucional, y propuso una estrategia de reforma del Estado que incluye una Policía profesional y despolitizada, un sistema de justicia independiente, una Unidad de Investigación Financiera (UIF) con autonomía real y nuevos estándares de transparencia y contratación pública.
El diagnóstico está contenido en el informe "Un campo minado: economías ilícitas, captura institucional y erosión del tejido social", elaborado por los investigadores Henry Oporto y Ricardo Calla, presentado este jueves junto al estudio regional "Grietas en el sistema: una evaluación de la vulnerabilidad a la captura autoritaria en América Latina", elaborado por el Centro de Estudios de la Democracia (CSD) y la Fundación Milenio.
El informe sobre Bolivia sostiene que, durante las últimas dos décadas, entre 2006 y 2025, las economías ilícitas vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal de oro, el contrabando, el lavado de dinero y el tráfico de armas se expandieron en un contexto que los autores describen como un Estado capturado por facciones político-partidistas, grupos sindicales e intereses corporativos con influencia en las instituciones y poderes locales.
Según el documento, esta convergencia entre criminalidad, corrupción y poder político dejó entre sus principales consecuencias la identificación de al menos 17 clanes narcotraficantes por parte de las autoridades en 2025, casos conocidos como “narcogenerales” dentro de la Policía y un sistema de justicia sujeto al poder político y afectado por redes de corrupción.
El diagnóstico coincide con el estudio regional “Grietas en el sistema”, que evalúa la vulnerabilidad de 24 países latinoamericanos en 2021, 2023 y 2025 en base a cuatro dimensiones: fragilidad institucional, restricción del espacio cívico, penetración criminal y exposición externa.
En el caso boliviano, la investigación identifica instituciones y mecanismos que existen formalmente, pero que tienen una capacidad limitada para cumplir sus funciones debido a presiones políticas, falta de recursos y precariedad institucional. Entre ellos menciona los mecanismos de ratificación legislativa, la UIF y el organismo regulador del comercio de minerales.
Las “grietas en el sistema” sugieren que la respuesta no implica necesariamente crear nuevas estructuras, sino más bien dotar de capacidad efectiva a los mecanismos existentes y establecer consecuencias reales en caso de que no cumplan sus funciones.
“No basta con describir el elefante en la habitación que son las economías ilícitas en Bolivia”, dijo Henry Oporto, director de la Fundación Milenio, quien sostuvo que el país necesita una Policía profesional y despolitizada, un sistema de justicia independiente y una UIF con autonomía real.
Cuatro ejes de reforma
El informe “Un campo minado” propone una “estrategia democrática de seguridad pública” organizada en cuatro líneas principales.
El primero propone la profesionalización y despolitización de la Policía boliviana, además de una nueva política penitenciaria.
El segundo propone la regeneración del sistema judicial y del Ministerio Público a través de un “Pacto Nacional por la Justicia” destinado a garantizar su independencia.
El tercer eje apunta a fortalecer la UIF y los mecanismos de seguimiento del lavado de dinero, de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT).
Finalmente, el estudio propone la aprobación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y una Ley de Contrataciones Estatales, porque Bolivia se encuentra entre los pocos países de la región que aún no cuentan con estas regulaciones.
Porto sostuvo que el nuevo ciclo político del país representa una oportunidad para acometer estas reformas, pero advirtió que la cooperación internacional y las detenciones por delitos vinculados al crimen organizado no serán suficientes si no se fortalecen el Estado de derecho, la transparencia y la gobernanza.
El informe también aborda la reapertura de la cooperación antidrogas con Estados Unidos, la Unión Europea y países vecinos, tras el regreso de la DEA a Bolivia, y advierte sobre los dilemas relacionados con la soberanía que plantea esta nueva etapa de cooperación hemisférica.
Fuente: Erbol | Seguridad
