Justicia abre proceso coactivo contra Félix Patzi por daño económico en la Terminal Aeroportuaria de Ixiamas
La justicia paceña activó un proceso fiscal coercitivo contra el exgobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi y otras autoridades, por presunto daño económico al Estado vinculado a la construcción y proyecto de habilitación de la Terminal del Aeropuerto de Ixiamas.
El Juzgado Primero del Partido Administrativo Fiscal Coactivo de La Paz notificó a la ex autoridad el 25 de febrero sobre el inicio del proceso judicial, tras establecer indicios de responsabilidad civil por la falta de continuidad en las actuaciones necesarias para que la infraestructura aeroportuaria entre en operación.
El caso se fundamenta en el Dictamen de Responsabilidad Civil N° CGE/DRC-046/2022 emitido por la Contraloría General del Estado de Bolivia, que determina un presunto daño económico de Bs 42.358.401,67 al Estado. Según el informe, la responsabilidad sería solidaria entre Patzi, el exgobernador César Cocarico y el exsecretario departamental de Infraestructura y Obras Públicas Eduardo Pastén Gironda.
Según el documento, el proyecto denominado Construcción y Habilitación de la Terminal del Aeropuerto de Ixiamas, iniciado el 8 de noviembre de 2010 con un presupuesto de Bs 43,5 millones, fue ejecutado sin contar previamente con los estudios de preinversión correspondientes. Asimismo, se observó que el proceso de contratación se realizó bajo la modalidad “llave en mano”, pero con limitaciones en su alcance.
El informe detalla que el contrato contemplaba únicamente el diseño final de ingeniería y la construcción de las obras civiles, quedando pendiente la fase de puesta en marcha, que incluyó el equipamiento de la terminal, la dotación de personal especializado y la obtención de las certificaciones necesarias para iniciar las operaciones aéreas.
Según la auditoría, durante la gestión de Patzi no se tomaron las medidas necesarias para culminar estas etapas, ni se iniciaron acciones legales o administrativas contra las autoridades que hubieran limitado los alcances del proceso de contratación.
Una inspección realizada el 17 de agosto de 2021 estableció que la terminal no entró en operación y que la infraestructura se está deteriorando por falta de mantenimiento.
El dictamen de la Contraloría señala que las acciones y omisiones identificadas en la auditoría constituyen indicios de responsabilidad civil solidaria por la pérdida de bienes y bienes del Estado, atribuida a negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios encargados de su administración.
Con base en este informe, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz inició el proceso fiscal coercitivo contra las ex autoridades involucradas. En el caso de Patzi, la notificación se realizó en su último domicilio registrado en la localidad de Puerto Acosta.
El proceso judicial se encuentra actualmente en su fase inicial y se espera que en los próximos días se ordenen medidas patrimoniales, incluido el embargo de bienes, con el objetivo de garantizar la recuperación de los más de 42 millones de bolivianos presuntamente causados como daño económico al Estado.
Fuente: Erbol | Seguridad
