Dirigente campesino aprehendido debe responder por 5 tipos penales, entre ellos bloqueo y terrorismo
El dirigente de la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), David Quispe Machaca, fue detenido la noche del viernes y puesto a disposición de una comisión de fiscales que investiga su presunta participación en los cortes de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.
Según los antecedentes del caso, el dirigente es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos, previstos en el Código Penal.
Según la investigación del Ministerio Público, Quispe habría participado en las movilizaciones que comenzaron el pasado 1 de mayo, cuando la Central de Trabajadores de Bolivia (COB) declaró un paro indefinido, conflicto que se intensificó desde el 5 de mayo en el departamento de La Paz.
La Fiscalía sostiene que, en su calidad de secretario ejecutivo de la CSUTCB, convocó a representantes y consejos sindicales, además de realizar declaraciones públicas relacionadas con las medidas de presión.
Con estos elementos, la comisión de fiscales giró orden de aprehensión motivada, en aplicación del artículo 226 del Código Procesal Penal.
La orden fue ejecutada la noche del viernes y Quispe permanece en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), a la espera de que el Ministerio Público presente la acusación formal y solicite las medidas cautelares correspondientes.
El proceso se encuentra bajo control jurisdiccional del Juzgado Primero de Instrucción Penal Precautorio de La Paz, dentro de una investigación impulsada por el Ministerio de Gobierno contra Quispe y otras personas por la presunta organización y ejecución de bloqueos viales.
La detención de David Quispe se da en el marco de una investigación más amplia que adelanta la Fiscalía de La Paz por los bloqueos registrados entre mayo y junio.
El fiscal departamental Luis Carlos Torrez informó hace unos días que actualmente hay 114 procesos penales abiertos, en los que figuran 335 personas como investigadas por distintos hechos vinculados al conflicto.
De ese total, 75 investigaciones fueron iniciadas de oficio por el Ministerio Público y 26 personas se encuentran en prisión preventiva, mientras continúan los procedimientos para identificar responsabilidades penales.
Las cifras oficiales superan las estimaciones divulgadas previamente por algunos dirigentes campesinos, quienes habían señalado que alrededor de 250 afiliados estaban sujetos a persecución judicial y, por ello, declararon a sus organizaciones en estado de emergencia.
El Ministerio Público también confirmó que las investigaciones continúan y no descarta nuevas acciones.
En ese contexto, el fiscal Torrez precisó que el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, no tiene orden de aprehensión dentro de estos procesos, aunque recordó que sí hay una orden pendiente correspondiente a un caso anterior.
Fuente: Erbol | Seguridad
