Luis Arce denuncia tortura psicológica en la cárcel y se declara “preso político”
A través de una carta en la que firma como “preso político del gobierno de Rodrigo Paz”, el expresidente Luis Arce Catacora denunció desde el penal de San Pedro que sufre una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, entre ellas presuntas “torturas psicológicas”.
El expresidente se encuentra detenido preventivamente desde diciembre de 2025, por presuntos delitos cometidos cuando era ministro de Economía, en el caso Fondo Indígena.
Arce afirmó que fue privado de la libertad sin orden legal de aprehensión y calificó el hecho como “un secuestro al margen de la ley”. Sostiene también que no recibió notificación previa de ningún proceso en su contra, a pesar de haber manifestado su voluntad de comparecer ante el tribunal.
El expresidente señaló que, dentro del proceso iniciado por el gobierno de Rodrigo Paz, todos sus pedidos de defensa han sido rechazados, incluido un pedido para someterse a exámenes médicos recomendados por un cardiólogo, lo que pone en riesgo su salud.
Denunció que estuvo alojado en un espacio sin condiciones mínimas de habitabilidad y sometido a constantes interrupciones mientras tomaba fotografías. Si bien indicó que esta práctica cesó tras denuncias de quienes lo rodean, afirmó que continúan grabándolo con imágenes y videos en el patio de la instalación.
En la carta, el exjefe de Estado sostiene que estos hechos constituyen “actos de tortura psicológica”.
También reivindicó el reciente allanamiento de su domicilio, que interpreta como parte de acciones encaminadas a su “muerte civil y política”.
Arce llamó a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, así como a las autoridades judiciales, a garantizar el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de jueces y fiscales.
Asimismo, rechazó las acusaciones en su contra y aseguró: “No he robado, no he matado, no he mentido al pueblo boliviano”.
El expresidente concluyó su declaración calificando el proceso en su contra como “persecución política, mediática e institucional” y una forma de “venganza”, en el marco de lo que considera un deterioro del Estado de derecho en el país.
Fuente: Erbol | Seguridad
