Vacunación: Lima afirma que decretos son constitucionales y no podrían ser expulsados del ordenamiento jurídico
Luego de que algunos sectores presentaran acciones legales contra los decretos 4640 y 4641, que prevén la presentación de la tarjeta de vacunación o prueba PCR, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostuvo este martes que esas normas son constitucionales y que no pueden ser expulsados del ordenamiento jurídico, aunque aclaró que el Gobierno está dispuesto a dialogar con las organizaciones sociales sobre el tema.
“Lo que quiero decir es que estas normas son constitucionales, por lo tanto ninguna acción podría declararlas expulsadas del ordenamiento jurídico”, dijo Lima en entrevista con ERBOL.
Destacó que en estos decretos no existe ninguna disposición que pueda considerarse inconstitucional o ilegal.
El Ministro sostuvo que los decretos están amparados en el artículo 35 de la Constitución Política del Estado, que señala que el Estado “protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito gratuidad de la población a los servicios de salud”.
Hizo hincapié en el término “bienestar colectivo” y mencionó que “es parte del núcleo duro de nuestra Constitución” y que los decretos se están cumpliendo.
Otro argumento esgrimido por Lima es que los decretos cumplen con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por ley en Bolivia, particularmente en su artículo 12, con el que los Estados se comprometen a la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas. , endémica.
El Ministro dijo que, por otro lado, las acciones jurídicas que se han presentado tienen en común que se refieren a normas que no son vinculantes para el Estado boliviano, como la Declaración Universal sobre Bioética, el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. .
“Son estándares que se producen internacionalmente como recomendaciones, pero no tienen fuerza normativa, no tienen fuerza jurídica en el país”, subrayó.
Lima también insistió en que la vacunación no es obligatoria en el país, ya que existe la alternativa de presentar el certificado o la prueba PCR negativa cuando la persona debe acudir a grandes aglomeraciones.
Consultado sobre los costos que puede suponer la prueba PCR, el Ministro justificó la decisión de que los funcionarios públicos deban pagar esta prueba si no quieren vacunarse. En otros ámbitos, indicó que la decisión sobre las pruebas PCR corresponde a los subsistemas de salud y a las gobernaciones.
Respecto a los pedidos de sectores en contra de los decretos, Lima señaló que hay un proceso de diálogo liderado por el Ministro de Salud. “Este es un gobierno de movimientos sociales, que escucha a la población y está permanentemente en diálogo con todos los sectores que puedan sentirse afectados”, afirmó.
El Ministro también aclaró que situaciones particulares, que calificó de casuística, podrán ser reglamentadas, ajustadas o modificadas, en reunión del consejo estratégico previsto por la ley. Esta categoría incluiría situaciones como la atención médica de emergencia que tendría que recibir una persona que haya sufrido un accidente y no tenga certificado de vacunación.
Fuente: Erbol
