Museo de Orinoca bajo la lupa: investigan contratación directa y viabilidad del proyecto
El Gobierno puso bajo la lupa al Museo de la Orinoca y abrió una investigación por la contratación directa de la obra y dudas sobre la viabilidad del proyecto, que requirió una inversión millonaria.
"En el caso específico de este museo, hay dos aspectos que inicialmente se tienen que investigar. Uno, la justificación. (...) Y dos, ¿por qué se permite la contratación directa de este proyecto? (...) Entonces en base a estos dos elementos se investiga este proyecto de inversión pública", dijo el Viceministro de Transparencia, Yamil García, en La Tarde en Directo de ERBOL.
La obra implicó más de Bs 47 millones en infraestructura y cerca de Bs 2,5 millones en equipamiento. Según la autoridad, se debe analizar si la inversión, que ronda los Bs 49 millones, generó beneficios reales o retorno económico para la población.
García explicó que la investigación se centra en dos ejes: la justificación del proyecto en la fase de preinversión y los motivos por los que se optó por la contratación directa en lugar de una convocatoria pública.
En ese marco, indicó que deben asumir responsabilidades tanto las autoridades que aprobaron el proyecto como quienes definieron su costo, además de quienes autorizaron la modalidad de contratación.
El caso se enmarca en la supresión de 161 decretos, a través del Decreto Supremo 5600, que permitían la contratación directa. El Gobierno planea múltiples investigaciones para evaluar la transparencia, la legalidad y el posible daño económico al Estado.
Como otro ejemplo, la autoridad mencionó la contratación de abogados internacionales gestionados por la Procuraduría General de la República, donde se llevaron a cabo 12 procesos, de los cuales 10 fueron adjudicados a la misma firma de abogados, con pagos superiores a Bs 54 millones.
Asimismo, señaló que entidades como el Ministerio de la Presidencia, empresas públicas como BoA y Yacimientos de Litio Bolivianos también utilizaron estos mecanismos, que permitieron invitaciones directas e incluso cláusulas de confidencialidad sobre montos y contratistas.
“Este decreto lo que hace precisamente es incentivar a todos los ministerios y entidades a que comiencen a revisar hacia atrás qué contrataciones directas se han hecho para proyectos de inversión a través de estos 161 decretos y se pueda hacer una evaluación”, afirmó García. ///kmg
Fuente: Erbol
